Los sindicatos de abogados y jueces de Francia critican la redada contra refugiados vascos

La redada policial en el País Vasco francés del 3 de octubre pasado, en la que fueron detenidas alrededor de 200 personas, refugiados vasco españoles en su mayoría, y algunos, presuntos miembros de ETA, según la policía española, significó "un cuestionamiento de excepcional gravedad del Estado de derecho", según un amplio informe preparado por el Sindicato de Abogados de Francia (SAF) y el Sindicato de la Magistratura (SM), que agrupa a la mayoría de los jueces del país vecino. El informe, de 50 páginas, concluye que se produjo "un ataque flagrante y considerable a la independencia del poder judicial".El informe analiza los fundamentos legales de la intervención judicial y policial que siguió a la detención de Santiago Arróspide e Iñaki Pikabea, el 30 de septiembre, en Bayona y Saint Pee-sur-Nivelle, respectivamente, y asegura que durante la operación policial "la legalidad del Estado francés fue violada".

Los autores señalan que la comisión rogatoria del juez Legrand, de París, autorizando la redada, no fue el origen sino el pretexto judicial de la operación, y añaden que los medios de comunicación franceses invitados por el Ministerio del Interior a seguir las operaciones gozaron de un tratamiento de favor en comparación con las autoridades judiciales y policiales.

El informe califica los hechos de redada "en el sentido de las que realizan todos los regímenes políticos más favorables a las operaciones policiacas que a la legalidad". Entre otras irregularidades, los sindicatos citan la detención de menores de edad en centros policiales, la prolongación de los períodos de detención por el juez de París y no por el juez local, la expulsión a España de menores y la expulsión de padres con hijos de nacionalidad francesa.

También critica el informe la entrega a la policía española de un exiliado cuya extradición había sido rechazada por un tribunal de Aix-en-Provence en 1979. Según los autores del trabajo, Martín Apaolaza, de acuerdo con los datos suministrados por su abogado en España, está siendo objeto de acciones judiciales por los mismos delitos que se le atribuyeron en la demanda de extradición, lo cual es ilegal, según la normativa francesa.

El informe destaca el hecho de que la mayoría de las 55 personas entregadas a la policía española se encontraban en situación regular en Francia, con su documentación en regla, y considera incomprensibles los criterios que permitieron a 15 expulsados escoger puntos de destino distintos a España, mientras los demás eran directamente entregados a la policía española.

La investigación por cuenta de las dos organizaciones fue efectuada por la magistrada Simone Gaboriau, de Burdeos, y los abogados Jean Louis Brochen, de Lille, y, Jean Danet, de Nantes, que se trasladaron a mediados de octubre a Biarritz y Bayona y recogieron las declaraciones de numerosos testigos.