Justicia elabora una ley penal del menor para evitar su encarcelamiento

El Ministerio de Justicia tiene muy avanzados dos anteproyectos de ley -legislación anunciada hace casi un año- sobre el menor, uno de los cuales versa sobre sus derechos y la otra sobre sus aspectos penales. Esta futura ley penal del menor presumiblemente no elevará la mayoría de edad penal de 16 a 18 años, pero, de hecho, introducirá fórmulas para que los menores de 18 años que hayan cometido delitos nunca vayan a prisión, sino que sean internados en centros especiales o acogidos por familías, según informaron ayer fuentes de dicho ministerio.Con ello se intenta evitar, en palabras de este portavoz, "el dilema eterno del juez ante el defincuente menor de edad: enviarlo a la calle o la cárcel", soluciones ambas consideradas malas por Justicia. Según este portavoz, actualmente hay unos 600 menores en prisión.

Según el anteproyecto de ley de derechos del menor -tercero que se elabora-, cuando un menor de 13 años ejecute un hecho tipificado en las leyes penales corresponderá la función correctora a los padres o tutores. Estas acciones podrán dar lugar a la consideración de desprotección y, cuando haya repetición o sean graves, a la de desamparo.

Las "medidas de protección" aplicables a este segmento de edad son "mantenimiento del menor en su entorno familiar, con la prestación de apoyo que la situación requiera", o "separación de su familia, cuando concurra la voluntad de los padres". En este último caso, podrá disponerse que el menor de 13 años sea acogido por otra familia o adoptarse "cualquier medida que exija su interés".

Consentimiento del menor

Y se agrega en este borrador que el ingreso del menor en una institución de protección deberá realizarse en el entorno más próximo a su residencia y que su actividad escolar preferentemente la realizará fuera del recinto. El menor que tenga más de 12 años deberá dar su aprobación al acogimiento familiar y, cuando no tenga esa edad, emitirá su opinión. Las medidas aplicables a los mayores de 13 años y menores de 18 años serán definidas en la futura ley pena¡ del menor.El menor deberá ser hospitalizado en locales específicos, acompañado de familiares y con formación escolar para estancias superiores a un mes. La Administración deberá garantizar que el menor reciba enseñanza gratuita y obligatoria.

Y se garantizará, según la futura ley, su protección contra cualquier trabajo insalubre, penoso, nocivo o peligroso. El borrador afirma que se arbitrarán medidas eficaces para la prevención y tratamiento de explotación y abusos sexuales de menores. Cualquier ciudadano que conozca un caso de desprotección deberá comunicarlo a la Policía Municipal, al organismo protector de los menores o al fiscal. Los funcionarios que conozcan malos tratos deberán comunicarlo, sin que "quepa ampararse en el secreto profesional", a dicho organismo o al fiscal.