Cinco años de litigio judicial

La Audiencia Nacional impuso, en 1982, un total de 78 años de prisión a los independentistas catalanes Xavier Barberá, Antoni Messeguer, y Ferran Jabardo, por su implicación en el asesinato del industrial José María Bultó. Un año más tarde, los condenados presentaron una demanda contra España ante el Tribunal de Estrasburgo, por considerar que habían sido juzgados sin las garantías procesales adecuadas y que la confesión en base a la cual se les condenó había sido realizada bajo torturas.En octubre de 1985, la comisión del Tribunal Internacional de Estrasburgo que actúa como filtro en este procedimiento judicial, admitió a trámite la denuncia y emitió, un año después, un informe en el que aseguraba que se habían transgredido tres artículos del convenio internacional de los Derechos Humanos en el procedimiento judicial al que habían sido sometidos los tres independentistas catalanes.

La Comisión de Derechos Humanos planteó la posibilidad de un arreglo amistoso, pero fue rechazado por España. El caso pasó entonces a depender del tribunal internacional.

Los representantes de los tres independentistas catalanes reclaman la anulación de la sentencia condenatoria y una indemnización total de 30 millones de pesetas.