Misión cumplida

LA JUEZ Huerta ha culminado la investigación de uno de los casos judiciales más polémicos de los últimos años y que más serios impedimentos ha encontrado en su camino: el de las supuestas torturas cometidas por miembros de la Guardia Civil contra Tomás Linaza, padre de un activista de ETA. La juez ha propuesto a la Audiencia Provincial de Bilbao el procesamiento de varios guardias civiles, unos por presuntos delitos de malos tratos y otros por presunta intención de ocultar la realidad de los hechos.El momento procesal en que se encuentra la investigación judicial no impide que los encausados sigan gozando plenamente del derecho constitucional de presunción de inocencia. Precisamente, este derecho ampara con mas fuerza a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que al resto de los ciudadanos al depender su procesamiento no del juez que instruye la investigación, sino de una instancia judicial distinta y colegiada: las audiencias provinciales. En este caso, la decisión sobre el procesamiento de los implicados, lo mismo que su eventual enjuiciamiento, queda en manos de la Audiencia Provincial de Bilbao.

Pero lo verdaderamente relevante de todo este asunto es el hecho de que una juez de instrucción ha puesto empeño, y finalmente conseguido, llevar a su término una investigación delicada en una zona tan sensible como es la de la lucha contra el terrorismo, sin que ninguna otra fuerza o poder del Estado haya podido impedírselo.

La juez Huerta ha cumplido sencillamente con su deber, de acuerdo con la función jurisdiccional que el Estado le tiene encomendada. Pero haberlo cumplido a pesar de los obstáculos puestos en su camino tiene su mérito, y justo es reconocérselo. Sobre todo cuando, con su actuación, la independencia judicial ha salido fortalecida, la democracia robustecida, y todos los poderes del Estado prestigiados. Atrás quedan las campañas denigratorias, las zancadillas de todo tipo a su labor investigadora y la actuación del presidente del Gobierno y de sus ministros de Interior y Justicia, que ampararon el acto de desobediencia de los 90 guardias civiles que desatendieron una citación de la juez.

Precisamente, las eventuales responsabilidades derivadas de este hecho han añadido una preocupante dimensión a un asunto ya de por sí bastante delicado y que, finalmente, ha sido convenientemente encarrilado en la vía judicial. La juez Huerta ha abierto las correspondientes diligencias y tanto el presidente del Gobierno como los ministros de Interior y de Justicia han asumido ante la juez su plena responsabilidad en la orden que llevó a los guardias civiles a desoír el llamamiento judicial. El fiscal general del Estado no va a emprender acción penal alguna contra los autores de la orden de incomparecencia de los guardias civiles, una orden que, considerada de modo estricto, constituiría delito perseguible de oficio. En todo caso, aquel mal paso dado por el Gobierno, que tuvo gravísimas consecuencias para el equilibrio constitucional entre los poderes del Estado, se quedó, felizmente, en un hecho aislado. El Gobierno supo rectificar, y no se opuso a que el asunto volviese al ámbito judicial, del que nunca debería haber salido, con todas las garantías legales que amparan a los implicados.

Las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial se rigen mediante reglas muy distintas en una democracia que en una dictadura y exigen también actitudes distintas en los titulares de uno y otro poder. La falta de rodaje fácilmente perceptible en este terreno quizá explique aquella errónea actuación gubernamental, así como otros enfrentamientos institucionales habidos en los últimos años. Pero la experiencia demuestra que al desencadenamiento de este tipo de conflictos no son ajenos tampoco los resabios autoritarios que sobreviven en determinados cuerpos del Estado, de gran influencia en la cúspide del poder, y que, de agrado o a regañadientes, llegan a ser asumidos por los gobernantes democráticos.