Respuesta social ante la impotencia del Gobierno

La supresión de la obligatoriedad de los procuradores en el proceso abaratará la justicia en un 40%, según cálculos realizados por expertos sobre los que informó ayer a éste periódico Manuela Carmena. Ésta magistrada resaltó la importancia de la respuesta social de los ciudadanos que, "ante la impotencia del Gobierno, asumen un papel que ya habían olvidado y que tras la muerte de Franco tuvieron que desempeñar para impulsar la democracia de nuestro país".

Según Carmena, "el congreso ha demostrado que cuando existe un problema tan grave como el deterioro de lajusticia, es posible detectar las causas del mismo y arbitrar soluciones que, además", dijo, "son económicas, ya que se fundamentan no en el aumento del presupuesto, sino en una mejor gestión de los medios y el apoyo social a una planificación legislativa clara de lo que se quiere conseguir".

Por otra parte, representantes de las 14 organizaciones jurídicas progresistas que convocaron el congreso clausurado ayer prevén que la proposición de ley por iniciativa popular se presentará al Parlamento en 1988. Según ellos, el entusiasmo que producirá el anuncio de la futura ley permitirá obtener gran parte de las 500.000 firmas necesarias mediante mesas instaladas en los juzgados.Junto a las conclusiones sobre La alternativa, el congreso aprobó también los trabajos de las restantes comisiones, que incluyen críticas al desarrollo legislativo no adaptado al modelo de justicia consagrado en la Constitución y una radiografia sobre la actual litigiosidad innecesaria y las deficiencias del funcionamiento judicial. Asimismo se denunció que los proyectos de ley que pretenden sustituir a la ley Antiterrorista son una mera operación de "maquillaje político".