'Stock de coque'
A la sombra de la guerra del Golfo se ha desarrollado un cártel europeo de exportadores de armas a Irán
Oriente Próximo ha sido, desde hace ya muchos años, el objetivo central de los traficantes de armas. En Stock de coque, Tintín, el intrépido periodista de tupé y bombachos, que casi nunca escribe, descubre una red de traficantes que fomenta una guerra. Esta historieta se ha quedado muy corta al compararla con la realidad de las ventas de armas a Irán e Irak desde el inicio de la guerra del Golfo, en 1980, y ello violando los embargos establecidos por los Gobiernos. Un auténtico cártel europeo ha crecido a la sombra de esta guerra, un gran negocio para los traficantes y las industrias nacionales de armamento.
El coque ya no se refiere a los esclavos de la aventura de Tintín, sino a armas y material bélico. El Irangate europeo que ha venido provocado no por Tintines, sino por periodistas que sí escriben, está salpicando a varios Gobiernos. Naturalmente, éstos se escudan en que no han violado ninguna disposición sobre el envío de armas a la zona de guerra.Un ejemplo. El 8 de junio de 1985 llegaba a Santander el barco de bandera griega Atlas, al mando del capitán Psistakis Petros. En ese puerto norteño cargó material bélico de Unión Explosivos Río Tinto, con un peso total de 86.245 kilos; el supuesto destino de las armas: Manila (Filipinas). En las bodegas del Atlas también se cargaron 3,5 millones de kilos de proyectiles de gran calibre de la firma alavesa Grupo Auxiliar Metalúrgico, SA (Gamesa); el supuesto destino de las bombas: Tartus (Siria). También Gamesa cargó 1,2 millones de kilos de armas; destino supuesto: Trípoli (Libia). Por su parte, la Empresa Nacional Santa Bárbara introdujo en el buque 92.239 kilos de explosivos; destino declarado: Trípoli (Libia). Finalmente, y siempre en Santander, la firma suiza Coteco, SA, cargó 706.754 kilos de material bélico; destino declarado: Trípoli.
Días antes y días después, el mismo buque visitó varios puertos europeos. En Setúbal, y con el supuesto destino de Singapur, firmas como Fundiçao e Construçaoo Mecánicas o Industrias Nacionais de Defensa, cargaron varios centenares de miles de kilos de material explosivo. Desde Kardeljevo (Yugoslavia), la firma austriaca Noricum transportaba en el mismo barco 391.401 kilos de material militar con el supuesto destino de Trípoli. Desde Sarajevo (Yugoslavia), el Atlas llevaba también 124.000 kilos de detonadores a Trípoli.
La cantidad de proyectiles, espoletas, cargas propulsoras para cañones y cartuchos no es consumida por un país en paz de las características de España en todo un año. ¿Cuál era entonces el destino final de ese material? La pista era más que evidente. La compañía consignataria era la firma Islamic Republic of Iran Shipping Lines y, en un caso concreto -el de las armas cargadas en Kardeljevo-, el banco que respaldaba la operación era el Bank Markazi Jomhouiri Islamic of Iran (Banco Central de la República Islámica de Irán).
Operaciones similares se estaban produciendo desde 1983 y se han estado repitiendo hasta ahora. Empresas de Grecia, Francia, Rumanía, Portugal, Austria, Suiza, Suecia, Italia, Dinamarca, RFA, Reino Unido, Holanda o España han enviado periódicamente a Irán -en algunas ocasiones, también a Irak, aunque en este caso no se entra aquí a fondo- importantes cargamentos de material militar, pero siempre los supuestos destinos de los productos bélicos eran puntos diferentes, como Tailandia, Singapur, Libia, Siria, Brasil o Indonesia. Escándalos de tráfico de armas han surgido en muchos de los países que integran el cartel europeo.
El sistema para burlar las legislaciones de los países implicados es sencillo. Los vendedores de armas consiguen con facilidad en esos países falsos certificados de último destino, que, lógicamente, no son cumplidos, pero que previamente son presentados ante los respectivos Gobiernos para obtener los correspondientes permisos de exportación.
Pero los Gobiernos tienen fórmulas más que suficientes para localizar los engaños. Así, casi todos los barcos, como el Atlas, han tenido que cumplimentar a su paso por puertos españoles certificados de las cargas que transportaban, junto con los datos de los consignatarios. Además, seguir el paso de un barco por parte de los servicios de información es fácil. Pese a ello, el Gobierno español, a través del Ministerio de Industria, ha asegurado en varias ocasiones que en los últimos años no se han observado irregularidades.
Empresas consignatarias_
Las empresas consignatarias que han cuidado del paso de estos barcos por España son Sea Spain, de Bilbao, y Flick Canaries, de Las Palmas. La primera trabaja para varias compañías -entre ellas, Islamic Republic of Iran Shipping Lines-, pero también para Jordan Shipping Line, considerada por los expertos como la aprovisionadora de Irak.
El puerto de Las Palmas, capital de Gran Canaria, ha sido utilizado en los dos últimos años por algo más de una veintena de barcos que transportaban armamento a Irán. El representante de Flick Canarias en las islas, Santiago Cabrera, reconoció que había, efectivamente, declarado bajo su firma, en la Comandancia de Marina de Las Palmas, en el período citado, la escala en el puerto de varios buques -sin precisar cifras- que contenían cargamento de este tipo, que en ningún momento se ocultó en los manifiestos exhibidos ante la autoridad militar marina. "Nunca hemos tenido ningún problema por haber tramitado estas mercancías", añadió. Por otra parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández Gutiérrez, señala que la Administración no tiene conocimiento oficial de este tipo de tráfico y que en ningún momento se le ha informado ni requerido información para determinar la posible ilegalidad de estas operaciones.
La mayoría de estos barcos que transportaban armamento con destino a Irán presentaba, junto a los manifiestos de carga, una documentación adicional en la que figuraban las cartas de crédito de dichos envíos. Éstas venían avaladas por documentos que constan oficialmente y correspondientes, entre otros, a órdenes de pago del ya citado Banco Central de la República Islámica de Irán, legalizadas por el Minister of Defence for Logistics of Islamic of Iran, de Teherán.
La sospecha de que los Gobiernos han venido permitiendo este tráfico, saltándose todo compromiso de embargos, ha sido confirmada no sólo ya por algún aislado alto cargo de la Administración, sino por varios vendedores de armas. "Cuando tenemos un pedido muy elevado y no disponemos de suficiente stock, lo solicitamos a otras empresas y completamos los envíos". Así de claro lo explica un alto cargo de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que figura en varios registros de cargamentos de buques cuyo destino final fue Irán. En España, la empresa que más de estas operaciones ha efectuado en los últimos años es Gamesa, que cuenta con un representante estable en Teherán.
Con Irak, las actuaciones son similares. Este tipo de hechos ha dado lugar en España a casos realmente curiosos. Así, en Vitoria tienen su sede social las firmas Gamesa y Explosivos Alaveses (Expal). La primera tiene como cliente institucional a Irán, y la segunda, a Irak.
Han sido precisamente industrias y empresas españolas y portuguesas las que en estos años han protagonizado una buena parte de los negocios a cuatro, cinco o seis bandas efectuados con esos dos países en guerra, con el consentimiento tácito de los gobiernos afectados.
El buque de pabellón chipriota Age cargó, el 10 de diciembre de 1986, 30 toneladas de detonadores de fabricación belga en Cherburgo (Francia). El 13 de diciembre, el Age se hallaba en Santander, donde su carga constó como IMCO, siglas utilizadas para el material peligroso. El destino teórico de los detonadores era la Empresa Nacional Santa Bárbara. Según fuentes de la propia sociedad, se había recibido un pedido con destino a Grecia de la empresa sueca Scandinavian Commodities, que está en el centro del Irangate europeo. La falta de existencias obligó a comprar los detonadores o estopines a la sociedad belga Gechem.
Hasta aquí la versión oficial, respaldada por algunos documentos que utilizó la Junta Interministerial de Armas para otorgar la autorización de exportación. Nadie se extrañó del pedido griego. Nadie se preguntó qué interés podía tener un Ejército como el griego en montar 220.000 granadas de obús, con las que se podrían hacer maniobras durante años y años. Nadie quiso recordar tampoco que la empresa sueca es conocida y reconocida como la principal organizadora del abastecimiento en armas y municiones a Irán. La Junta Interministerial, como los servicios de información españoles, como los directivos de Santa Bárbara y las propias aduanas, sabían perfectamente a donde se dirigía esta partida.
Además, el mentís de las autoridades españolas a las informaciones sobre el Age publicadas por la Prensa francesa se ha producido después de la aparición de pruebas materiales que demuestran el tráfico hacia Irán.
Dos periodistas
Dos periodistas, el belga Walter de Bock y el francés Jean-Charles Deniau, dedicados a la investigación sobre el tráfico de armas en Europa desde hace varios años, tienen en su poder estas pruebas materiales, que piensan publicar en diciembre, en un libro que anuncian como escandaloso. Están actualmente retirados en una casa de campo a 200 kilómetros de París, donde ultiman su obra, que quiere demostrar la existencia de un auténtico cártel de empresas fabricantes de pólvora y municiones que se ha dedicado, desde que empezó la guerra Irán-Irak, a repartirse el pastel, a traficar ilegalmente desde prácticamente toda Europa y a ir montando y desmontando, según las circunstancias, vías de aprovisionamiento a los dos contendientes.
Uno de los documentos recogidos por estos periodistas co
'Stock de coque'
rresponde a las declaraciones realizadas por un representante de la sociedad belga Transamo, dedicada al transporte de municiones, que reconoció ante los investigadores de las aduanas belgas, que el cargamento de 220.000 detonadores o estopines destinados a Santa Bárbara se había descargado en realidad en un punto iraní. Posteriormente, las aduanas belgas han dirigido una comunicación a las españolas requiriendo información sobre el destino final de las mercancías.Algunas otras pruebas contribuyen a redondear el perfil del caso del Age, uno más dentro del enorme tráfico entre España e Irán e Irak, pero quizá uno de los más ejemplares. Existen pruebas documentales del pedido de Santa Bárbara a Gechem, con explícita mención del Age como buque de transporte. Hay prueba también del pago de los fletes por Scandinavían Commodities. Y hay, finalmente, prueba documental del itinerario del buque: Cherburgo, Santander, Kardeljevo (en Yugoslavia), Suez, Karachi (sin mención de fecha), Port Said y Bar. Durante un mes, entre Suez y Port Said, no hay otra traza que Karachi, sin fecha, lo que permite pensar que fue el momento de la descarga en el puerto iraní de Bandar Abas.
El control de las descargas en Bandar Abas se ha visto dificultado desde marzo de 1986, cuando La Presse de la Manche, de Cherburgo, dio a conocer el tráfico ilegal de municiones a cargo de]a empresa francesa Luchaire. Desde entonces, Irán impide al informador en Bandar Abas de la compañía aseguradora Lloyd's que suministre las listas de entradas y salidas, y la propia Lloyd's mantiene una mayor reserva sobre sus listas de tráfico marítimo.
El buque 'Nicole'
Ha quedado perfectamente establecida la relación Luchaire-Españá en el caso del buque Nicole, que cargó proyectiles de obús de la empresa francesa en Cherburgo en enero de 1986, pasó por Santander -donde recogió 600 toneladas de municiones españolas- y terminó su viaje en Bandar Abas. Los certificados de destino último fueron proporcionados por Gamesa, y hacían constar Yakarta y Libia como punto de llegada de la carga. En junio de 1986, el Nicole volvió a recoger material de Santa Bárbara, de Star Bonifacio Echevarría y de Gamesa en Santander y pasó por Las Palmas en julio. El destino era esta vez Bangkok. Pero el 29 de agosto se hallaba ya en Bandar Abas.
El Jotun, un barco danés, zarpó de Zeebrugge el 5 de junio de 1986, atracó en Santander del 8 al 17 de junio, y luego fue a Cádiz, de nuevo a Santander y una vez más a Cádiz el 8 de julio, y de allí a Talamone, Kardeljevo (25 al 26 de julio), el Pireo, Suez 4 de agosto, Fujairah (5 al 6 de septiembre), Bandar Abbas y Port Said (22 de noviembre). Cargamento declarado. para Santander, 329.734 kilos de municiones belgas exportadas mediante documento belga EX 68 expedido en Bruselas; para Yugoslavia, 420.645 kilos de municiones procedentes de Holanda exportados mediante documento aduanero comunitario; para Grecia, 2.492 kilos de municiones 105 CH exportadas mediante un documento T2 expedido en el Reino Unido. Según el Partido Comunista de España, el Jotun, que atracó en Santander otra vez el 12 de febrero de 1987 y zarpó cuatro días después rumbo al puerto jordano de Akaba, había cargado en España 12.400 toneladas de municiones y explosivos transportados hasta el puerto santanderino en camiones desde Burgos.
El móvil del caso Luchaire parece ilustrativo de la moral al uso en muchos países europeos. Las razones del tráfico ilegal, en un momento en que todavía no había rehenes franceses en el Líbano a los que liberar de las manos de los guerrilleros pro-iraníes, no eran humanitarias, sino económicas y sociales: la coartada del paro y de la crisis económica.
Ocasión para las industrias
Muchas industrias han aprovechado la guerra del Golfo para desarrollarse y enriquecerse. Austria no disponía prácticamente de industria de armamentos al empezar la guerra, pero ahora este sector está boyante.
En el momento en que Daniel Dewawrin, el director general de Luchaire, llegó a su nuevo trabajo, en 1982, la empresa estaba con números rojos: 41 millones de francos de pérdidas en 1982. En 1986, cuando terminó el tráfico ilegal, Luchaire había obtenido unos beneficios de 49,6 millones de francos. Dewawrin es hijo del famoso coronel Passy, jefe de los servicios de espionaje del Gobierno de De Gaulle en Londres.
Hay una sospechosa coincidencia en el informe del general inspector del Ejército francés Jean-François Barba en limpiar de toda sospecha a los numerosos altos mandos militares que estuvieron relacionados con las exportaciones. Uno de los generales que estaba al corriente de las exportaciones de armas a Irán era René Audran, asesinado por el grupo Acción Directa, en un atentado al que ahora se le ha visto un significado distinto.
Otros asesinatos han sido relacionados con la existencia de una gran mafia europea de las armas, que controlaría la producción, la distribución y los precios, se saltaría las leyes a la torera y castigaría debidamente a quienes se le opongan. Unos lo llaman el cártel; otros, el consorcio.
