Las culpas de Reagan
NO SE podía esperar que el informe de la comisión conjunta Senado-Cámara de Representantes sobre el Irangate aportase hechos nuevos o sensacionales. El informe se basa en un estudio llevado a cabo durante meses y en las comparecencias televisivas, que eran conocidas al instante en el mundo entero. La pregunta que despertaba mayor interés era si la comisión se iba a centrar en los métodos de desbarajuste e irresponsabilidad que reinaban entre los colaboradores de Reagan o si iba a formular acusaciones de mayor alcance. La respuesta, a la luz del texto, es clarísima: las acusaciones son cualitativamente distintas, y más duras de lo que se esperaba. No se trata de métodos, sino de violaciones de la ley, toleradas, amparadas y en cierto modo fomentadas por el más alto magistrado de la nación.Las violaciones de la ley no tuvieron lugar, como en el caso del Watergate, para oscuras manipulaciones electorales. Lo que estaba en juego era el nombre de EE UU en el mundo, su política exterior en puntos de primera importancia estratégica, como Oriente Próximo y Centroamérica, en los que tienen grandes intereses también aliados de EE UU. Pues bien, en esos problemas -dice la comisión congresual-, una "camarilla de fanáticos", ocupando puestos de confianza del presidente, ha violado las leyes del Estado, ha realizado una política exterior propia según sus criterios y preferencias y ha destruido documentos comprometedores para intentar esconder esa conducta. La responsabilidad de todo ello corresponde a Reagan. No se ha esclarecido -y quizá nunca se pueda hacerlo- si Reagan sabía que fondos provenientes de las ventas de armas a Irán eran remitidos a la contra. La muerte del jefe de la CIA, Casey, y las destrucciones de documentos realizadas por North y Poindexter no han permitido ir hasta el fin en este punto. Pero la opinión mayoritaria de los ciudadanos es que Reagan sabe más de lo que ha reconocido y no ha dicho la verdad. Por otra parte, el informe de la comisión no es un punto final: sigue la acción judicial, conducida por el juez Lawrence Walsh. En fecha próxima puede dictar actos de procesamiento contra North y Poindexter. El prestigio de Reagan está bajo mínimos. Cumple, en cambio, destacar la operatividad democrática de que han dado muestras las instituciones. Gracias a la separación de poderes propia de la Constitución de EE UU, las Cámaras han actuado con rigor, intransigencia y eficacia. EE UU atraviesa un momento especial, a un año de las presidenciales. Nadie está interesado en provocar un cambio en la Casa Blanca. Sin esta coyuntura, Reagan no podría seguir en su puesto con las culpas que pesan sobre él.
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