El PSOE de Cantabria da por segura la corrupción en los juzgados de Santander

Los socialistas cántabros, por medio del senador Juan González Bedoya, han entregado, en la sede del Consejo General del Poder Judicial, una denuncia formal por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Administración de justicia en Cantabria. Asimismo han pedido la apertura de una investigación en torno, según palabras del citado senador, a la "segura existencia de casos de corrupción de algunos de sus funcionarios de mayor o menor rango". La denuncia insinúa que el Consejo General del Poder Judicial no actúa conforme a las funciones que tiene encomendadas.

En conferencia de prensa, el senador socialista denunció prácticas de absentismo en dos casos concretos: el del juez decano, Julio Sáez Vélez, quien, en horas de audiencia, durante el curso pasado, impartió clases como profesor contratado en un centro docente de la capital; y siempre según el senador socialista, el actual abogado Fiscal Francisco Rebollo Rodríguez, quien siendo secretario del Juzgado número 3 impartía clases de Derecho en su propio despacho y en horas de oficina, e incluso él mismo las recibía de música.El juez Sáez Vélez, de 57 años, 16 de ejercicio de su carrera en Cantabria, había admitido recientemente la existencia de propinas entre los funcionarios judiciales, lo que provocó una enérgica nota de protesta del Colegio de Procuradores. Tales declaraciones han sido calificadas por los socialistas cántabros, en boca de González Bedoya, como "perturbadoras e inquietantes para los ciudadanos".

Ayer se esperaba la inmediata llegada a Santander del jefe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, Ignacio Sierra, para interrogar al juez decano de Santander después de que aquél decidiese la apertura de diligencias de carácter informativo tras las declaraciones del magistrado.

Confusos incentivos

La denuncia de los socialistas señala textualmente, entre otras cuestiones, en las que se refiere al juez Julio Sáez Vélez:"El expresado juez parece preferir un confuso sistema de incentivar a los funcionarios mediante dinero que les paguen los particulares o los profesionales, en lugar de exigirles el cumplimiento de sus obligaciones por el sueldo que está establecido. Sus críticas a las -retribuciones económicas parecen elegir esta segunda exposición: los funcionarios hacen bien en trabajar poco, porque están mal pagados; pues que les paguen los profesionales o los administrados, que son los beneficiarios por su diligencia".

"(...) EL tinglado de la corrupción en la Administración (en este caso en la de Justicia) no está compuesto únicamente de empleadillos ávidos o necesitados. Se trata de un sistema de defraudación a los administrados basado en las dificultades de estructura sobre las que se ampara el encarecimiento del servicio, (...) Antes no se denunciaba: todo eran rumores. Ahora se denuncia: no pasa nada. El juez-decano de Santander tiene interés en que todo quede, como siempre, en rumores ('no se denunció nada en concreto', dice él); porque él mismo está en la maraña de ventajas derivadas de esta situación y los demás explotadores de la corrupción siguen impertérritos, seguros de que les amparará la complicidad, el mal entendido compañerismo, la pereza y el miedo a la verdad".

"El senador que suscribe no puede dejar de abrigar serias inquietudes sobre la forma en que ese Consejo está ejerciendo las funciones que la nación le tiene encomendadas".