Derechos Humanos se personará como acusación particular contra la policía

José Antonio Martín Pallín, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos, anunció ayer que la asociación ejercitará la acción popular en las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción número 26 de Madrid en relación con las denuncias por malos tratos que un grupo de mujeres de Madres Unidas contra la Droga y el fotógrafo Antonio García Vázquez interpusieron el sábado contra un grupo de policías. Martín Pallín, fiscal del Tribunal Supremo, declaró ayer que Ia policía puede haber incurrido además en un delito contra la libertad de comunicación y de expresión. Los policías, como funcionarios, no pueden ejercer la censura que supone velarle los carretes a un fotógrafo".El sábado, unas 200 personas convocadas por Madres Unidas contra la Droga se manifestaban en la Puerta del Sol, frente a la Jefatura Superior de Policía, de forma pacífica y silenciosa. Un numeroso grupo de policías contemplaban a las manifestantes. Según fuentes policiales, dos detenidos que eran trasladados a las dependencias de Sol intentaron escaparse. Los policías les detuvieron y los fotógrafos que cubrían la manifestación de las mujeres comenzaron a fotografiar la captura. Los policías les impidieron tomar vistas y golpearon con dureza a Antonio García Vázquez, fotógrafo de la Asociación Pro-Derechos Humanos. Según la versión de la asociación, los policías metieron al fotógrafo en el patio del edificio y le siguieron golpeando, además de velarle los carretes.

Cuando le dejaron salir a la calle, el fotógrafo, aún a poca distancia de la puerta del edificio, preguntó en voz alta si había algún abogado entre los presentes, lo que motivó que varios policías le golpearan de nuevo. En ese momento las mujeres manifestantes comenzaron a protestar por lo que consideraban una actuación brutal y la policía cargó también contra ellas. Varias mujeres y el fotógrafo pusieron luego denuncias individuales en el juzgado de guardia.

Martín Pallín añadió que espera que el Ministerio del Interior no ponga obstáculos y facilite al juez el nombre de los funcionarios que intervinieron en los presuntos malos tratos.