La policía reconoce haber contratado en ocasiones a informadores, para actuar en el País Vasco francés

La policía ha contratado y remunerado a personal civil en diferentes ocasiones para que investigue e informe sobre los movimientos de los refugiados vascos en Francia, aseguró ayer el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra cinco presuntos militantes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) acusados del asesinato del francés Robert Caplanne.

Caplanne, al que confundieron con un refugiado de ETA, fue asesinado el 24 de diciembre de 1985 en Biarritz (Francia). El fiscal acusa de estos hechos a José Luis Fariñas, Javier Rovira, Jorge Porta y Carlos Pedemonte, a quienes imputa los delitos de militancia en grupo armado, asesinato con la agravante de premeditación, depósito de armas, falsedad en documento oficial y uso de nombre supuesto, y solicita por estos hechos para cada uno de los procesados una pena total de 54 años y cinco meses de prisión.El ministerio público acusa también al procesado Carlos Laborde de un delito de colaboración con bandas armadas, al haber ayudado a sustraer y falsificar documentos necesarios para la perpetración del delito y reclama por este hecho una única pena de ocho años de cárcel. Por último, el fiscal reclama que los cinco procesados indemnicen solidariamente a los familiares de la víctima con 12 millones de pesetas.

La sorprendente declaración de Martínez Torres al asegurar que en determinadas ocasiones se habían utilizado y contratado los servicios de personal civil para actuar en calidad de informador en el sur de Francia, coincidió con otras inesperadas revelaciones, entre las que cabe destacar que la policía seguía y controlaba desde septiembre de 1985 el comando de los GAL. Tres meses después de iniciado este control el grupo asesinaría en Francia a Robert Caplanne.

Las fuerzas de seguridad tenían intervenidos desde el mes de septiembre los teléfonos de los miembros del comando y conocían algunos de sus planes y movimientos, pero no pudieron detectarlos con seguridad ni impedir el atentado terrorista, según aseguró ayer uno de los funcionarios interrogados.

Los inculpados negaron su implicación en el atentado, así como su supuesta vinculación con el comando de los GAL; aceptaron, sin embargo, que habían colaborado en servicios de vigilancia en el sur de Francia, y añadieron que habían sido contratados por Ismael Miquel Gutiérrez, que a su vez se responsabilizó de la dirección del grupo y llevó a cabo la acción terrorista. Ismael Miquel se encuentra actualmente detenido en Tailandia, cumpliendo cadena perpetua por tráfico de drogas.

"Fond'os oriciales"

Los acusados intentaron demostrar reiteradamente a lo largo del juicio su relación y vinculación con las fuerzas policiales a través de Ismael Miquel. Uno de los procesados, José Luis Fariñas, añadió que el propio Miquel le había asegurado en cierta ocasión que la labor de vigilancia que efectuaban en Francia suponía un .gran favor a la policía y a la sociedad", ya que con ello pretendían "prevenir cualquier atentado de ETA en España".

Uno de los acusados afirmó incluso que el dinero para efectuar estos servicios, aunque les era entregado personalmente por Miquel, "provenía de fondos,oficiales". Añadió que el propio responsable del comando viajaba con asiduidad a Madrid o a Málaga para entrevistarse con altos mandos policiales, pero que los principales contactos con las fuerzas de seguridad se llevaban a término en un comercio de venta de vídeos propiedad de Ismael Miquel Gutiérrez.

"Todos los días venían policías amigos, de paisano, a entrevistarse con Miquel. Se iban a un rincón del local o a una granja vecina para cuchichear sus cosas", aseguró José Luis Fariñas, que compartía, según el ministerio público, junto con Ismael Miquel, la dirección del comando terrorista. Farifias, que trabajaba en el comercio del responsable del grupo, aseguró que días antes de su detención su ex jefe le anunció que la policía andaba detrás de ellos y que iban a ser arrestados, y le ofreció la posibilidad de huir. "No huir porque no había hecho nada", aseguró Fariñas, quien agregó: "Todo esto es un montaje de la policía para responsabilizarnos de la muerte".