Un industrial cántabro denuncia corrupciones en el grupo antidroga de la Guardia Civil

El industrial cántabro Valentín Ochoa Pérez, de 41 años, a quien la policía busca como presunto implicado en tráfico de drogas, ha denunciado, en declaraciones publicadas ayer en el diario Alerta, la existencia de casos de corrupción en el grupo antidroga de la Guardia Civil de Santander. Según fuentes policiales, Valentín Ochoa, cuyo nombre apareció junto con el del joyero santanderino Federico Venero en el escándalo de la mafia policial descubierto el año pasado, puede estar relacionado con el descubrimiento en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el pasado 29 de septiembre, de un alijo de drogas, valorado en 2.500 millones de pesetas, en el interior de dos tablas de windsurf.

La Guardia Civil ha anunciado la apertura de una investigación a fin de depurar responsabilidades como consecuencia de las declaraciones del industrial cántabro, que se encuentra en paradero desconocido.Ochoa Pérez recibió el domingo en un aparcamiento determinado de la región a una redactora de Alerta tras haber invitado al periódico a una cita valiéndose de un intermediario. Valentín Ochoa denunció a un sargento adscrito al grupo de investigación fiscal -antidroga- de la comandancia de Santander. "Si Venero denunció la mafia policial, yo denuncio corrupción en la Guardia Civil", afirma Ochoa. "El sargento me propuso que le comprara cocaína por kilos, y yo le pregunté si es que estaba borracho". Siempre según la versión del industrial, el sargento pretende implicarlo en el tráfico de drogas. "Anda detrás de mí primero me quería como confidente, y al no lograrlo quiso hacer negocios sucios conmigo. Se preguntaba por qué oficiales que habían trabajado conmigo habían hecho dinero y él no podía hacerlo".

Ochoa ha negado que hubiera entrado en negocios con jefes de la Guardia Civil a los que el sargento Lucio "pretendía implicar, él sabrá por qué". El denunciante asegura haber dado cuenta a los superiores del sargento de lo que éste intentaba hacer con él. "Quedaron en darle una solución, pero la solución es venir a por mí de cabeza", señala el industrial cántabro.

El capitán de información de la Guardia Civil, apellidado Espinosa, remitió ayer a EL PAIS al servicio de prensa de la delegación del Gobierno al ser requerido por este asunto en el acuartelamiento de la ciudad, engalanado para la conmemoración de la fiesta del Pilar. En las próximas horas se espera una nota de prensa del Gobierno Civil.

Valentín Ochoa, de 41 años, es propietario del videoclub Santander, y fue hace años dueño de una pollería en Torrelavega cuya empleada, María Elisa Fernández, 26 años, apareció degollada en el interior sin que jamás se esclareciera el suceso. El nombre de Ochoa y el del joyero Federico Venero aparecieron juntos en la revista Cambio 16 cuando el pasado año se descubrió la presunta "mafia policial". Cambio 16 lo acusó de confidente habitual de la policía, que podría haber recompensado sus servicios gratificándolo con importantes cantidades de oro.

Armas y cocaína

Ochoa es buscado por la Guardia Civil y la policía de Cantabria desde que el pasado día 8, en su chalé de la localidad de Comillas, rodeado de una finca convenientemente tapiada, fueran descubiertas algunas armas cortas y abundante munición. Asimismo, la Guardia Civil encontró 50 dosis de cocaína, dos balanzas de precisión con pesas y casi medio millar de piedras preciosas.El juez Javier Cruzado, instructor del sumario de la "mafia policial", ordenó la apertura de la caja fuerte del videoclub Santander, propiedad de Ochoa. Tras largas horas de utilización de un taladro, aparecieron tres gramos de cocaína en el interior.

En determinadas fuentes policiales se sospecha que estos últimos sucesos pueden tener conexión con el descubrimiento en Barajas, el día 29 de septiembre pasado, de un alijo de drogas, valorado en 2.500 millones de pesetas, en el interior de dos tablas de windsurf.

Ochoa, que hace algunos años fue condenado y encarcelado por el atraco a una joyería de Laredo, ha anunciado que esta semana comparecerá voluntariamente ante el juez Javier Cruzado para denunciar las actividades de los miembros de la Guardia Civil.