La autosatisfacción de la Seguridad Social
LA PRESENTACIÓN de los presupuestos de la Seguridad Social para 1988 se ha realizado con el habitual cortejo de autosatisfacción que suele acompañar estos actos, acrecentado esta vez por la notable advertencia a los sindicatos de que no merece la pena movilizarse contra las decisiones presupuestarias; parece como si el ministerio quisiera conminar a los administrados a la pasiva aceptación de las cifras del presupuesto, como si éstas no fuesen susceptibles de mejora.Pero las cosas no están tan claras como pretende el ministerio, y lo primero que deberían hacer los redactores del proyecto de presupuesto es interrogarse sobre el destino de los más de 60.000 millones que piensan dedicar a la recaudación y a la informática, ya que, mientras no se demuestre lo contrario, las cuentas de la Seguridad Social están bastante necesitadas de mejora. A estas horas no se dispone de una estimación fiable sobre el cierre presupuestario del año actual (algo que, sin embargo, ha sido perfectamente posible realizar para el Estado), y durante el año hay que esperar largos meses antes de tener datos sobre el desarrollo de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Esta situación complica las previsiones sobre la evolución monetaria a corto plazo, dada la importancia de las cifras que están en juego. Un esfuerzo en este terreno sería útil para todos y mejoraría la transparencia de la gestión de un organismo que absorbe casi cinco billones de pesetas de recursos.
En cuanto a las líneas generales del presupuesto presentado, cabe señalar el aumento de los gastos -casi un 11 %-, que supera con creces el previsto para el conjunto de la economía. Este crecimiento considerable tiene su origen en las pensiones y en el gasto sanitario. En cuanto a las primeras, el incremento se deriva del aumento del número de pensionistas y de la revalorización de las pensiones, algo mayor en las más bajas. En el gasto sanitario se debe a la prioridad que parece haberse otorgado este año a la salud de los españoles. Que la sanidad pública funciona mal no requiere mayor demostración; el único problema consiste en saber si el esfuerzo consentido servirá para algo. Quienes conocen de cerca el funcionamiento del Insalud son escépticos sobre las posibilidades reales de mejora a corto plazo, dado el caos que impera en la gestión de este organismo, que administra más de un billón de pesetas. Es probable que su talla lo haga ingobernable, y tal vez sea éste uno de los problemas centrales de la sanidad española.
En los ingresos se prevé el mantenimiento de las cotizaciones sociales en el mismo nivel que el pasado año. La aportación del Estado a la Seguridad Social permanece en torno al 30% del total de sus recursos. El ministro dio a entender que estaba dispuesto a considerar reducciones puntuales de las cuotas para colectivos muy determinados, pero se trata de una propuesta demasiado poco concreta para poder pronunciarse sobre su significado. El aumento progresivo de la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social no ha permitido más que reducciones muy limitadas de las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas, y con ello han sufrido la competitividad y el empleo. La protección social tiene un coste indudable, pero el problema es saber si la calidad y la cantidad de las prestaciones tienen una relación adecuada con el coste de las mismas. La respuesta implícita del ministerio en sus documentos es positiva e incluso triunfalista, pero el Parlamento tiene la última palabra en este asunto.
Es preocupante la evolución de las cifras generales que condicionan el equilibrio de la Seguridad Social y que figuran en los documentos presentados por la Administración: el número de cotizantes por pensionista ha pasado de 2,95 en 1976 a 2,06 en 1987. El mantenimiento de las prestaciones depende cada vez más estrechamente del nivel medio de productividad de la economía y de la evolución del empleo. En estos terrenos y en la adecuada administración de los recursos se juega el futuro de la protección social.
