La Junta de Extremadura recusa a tres magistrados
El consejo de gobierno de la Junta de Extremadura ha tomado el acuerdo de recusar ante el Tribunal Supremo a tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres por entender que en sus decisiones profesionales "ha habido quebrantamiento de la ley que ha producido indefensión de la Junta". Desde hace meses el Ejecutivo regional y la Audiencia Territorial de Cáceres mantienen un claro enfrentamiento en sus posiciones como consecuencia de las sentencias adoptadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre las expropiaciones de fincas.Los tres magistrados recusados son José María Crespo, presidente de la Sala, Juan Manuel Clemente y Ezequiel de Pablo. Si el Tribunal Supremo admite a trámite esta recusación, se produciría, en opinión del consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Francisco Amarillo, "una suspensión muy breve de la tramitación del expediente de Valero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y las nuevas alegaciones tendría que verlas otra Sala".
El detonante de esta decisión del Ejecutivo regional ha sido la finca Valero, propiedad de Rocío Falcó y Fernández de Córdoba, condesa de Berandevilla. El 31 de mayo de 1986 la Junta de Extremadura decretó la expropiación de tres fincas: Las Aguijuelas, El Verdugal y Valero. Las Aguijuelas y El Verdugal han sido expropiadas en uso por un período de 12 años, pero no así Valero.
La ocupación de la finca Valero, cuyo decreto de expropiación tuvo que producirse por segunda vez tras múltiples recursos, estaba prevista para el pasado lunes pero un auto de cautela de la Sala de lo Contencioso-Administrativo impidió celebrar este acto.
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