El PCE propone en el programa de su congreso la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos

El Partido Comunista de España (PCE) propugnará la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, según recoge el documento político elaborado ante el 12º Congreso de la formación, que este periódico ha podido conocer. Otras medidas del programa que discutirá el congreso comunista, que se celebrará en febrero de 1988, son la supresión de las figuras de gobernador civil y de delegado del Gobierno, la desaparición de la Audiencia Nacional y un apoyo financiero a los sindicatos por el Estado similar al que se presta a las fuerzas políticas.

El programa político, que consta de 150 folios, será discutido en la reunión que mantendrá el Comité Central del PCE los próximos viernes y sábado. Miembros de la comisión de 12 personas que ha elaborado el texto esperan un importante consenso del Comité Central -el órgano que les respaldó para la redacción del documento- y que éste se apruebe sin dificultades.La entrega de Ceuta y Melilla y de los peñones a Marruecos se plantea "a través de unas negociaciones que establezcan un período de transición de 20-25 años" en el que se adoptarían medidas transitorias como la concesión sin restricciones de la nacionalidad española a los musulmanes "que acrediten arraigo en ambas plazas", la disminución del acantonamiento de tropas y un acuerdo con Marruecos para la eliminación efectiva del contrabando.

Consultado por este periódico, el secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, declaró al respecto que mantener la soberanía sobre las dos ciudades "no dice nada en favor de la dignidad de España, y la retrocesión colocaría al país en mejores condiciones para exigir la devolución de Gibraltar y para desarrollar una política clara con respecto al Sáhara".

Iglesias destacó que la formulación de su partido en política exterior incluye también la denuncia del "eje de defensa" París-Bonn, que "vendría a crear un tercer bloque armamentista que supone un sabotaje a las medidas de desarme".

Iglesias señaló que la importancia del programa radica en dotar a la "izquierda real" de una alternativa de gobierno después de una etapa en que la acción política se ha centrado en la crítica a la gestión socialista.

De su lado, el portavoz del partido, Juan Berga, eludió hacer declaraciones específicas sobre las propuestas recogidas en el documento.

El texto se estructura en tres apartados, el primero de ellos dedicado a criticar la gestión socialista desde 1982, y el tercero a desarrollar la política de alianzas de la formación.

El segundo capítulo recoge la oferta programática a corto plazo que se pretende sea una base de discusión para elaborar lo que será la oferta electoral de los comunistas para 1990.

"Revitalizar" el Parlamento

El objetivo programático es el pleno empleo a través de una política de planificación económica en la que se postula la nacionalización -en dos etapas- de los siete grandes bancos; la creación del Consejo Económico y Social, previsto en la Constitución; la potenciación del sector público; y el desarrollo de la reforma agraria. En política energética se propone la paralización inmediata del programa de construcción de centrales nucleares.

El PCE se pronuncia en el documento por una estructura federal para el Estado en la que se suprimirían las Diputaciones Provinciales, así como las figuras de gobernadores civiles y delegados del Gobierno, incluyendo sus competencias en materia de orden público. A ello se agrega un pronunciamiento por la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial y una "revitalización" del Parlamento mediante el incremento del número de diputados que serían elegidos en listas abiertas.

La alternativa en materia de justicia incluye la supresión de la Audiencia Nacional y la transferencia de sus competencias a la jurisdicción ordinaria, mientras que en materia de seguridad se postula la supresión del fuero policial y la desmilitarízación de la Guardia Civil.

El documento recoge en el "modelo alternativo de defensa", entre otras, las siguientes medidas: "reforma de las ordenanzas militares precisando mejor la definición del papel de las Fuerzas Armadas en el Estado democrático"; promulgación de un estatuto del soldado que "recoja los derechos democráticos de éstos, entre ellos el asociativo para la mejora de la utilización del servicio militar, con una reducción drástica de su duración", y la disolución de la Legión.

Como medidas para desarrofiar la participación social en la gestión política se postula que el Estado preste un apoyo financiero similar al que se da a los partidos políticos, así como la necesidad del dictamen previo sindical "ante las opciones básicas en materia económica y social".

Otras propuestas son la extensión del derecho de referéndum municipal y la instauración en los Ayuntamientos de "Consejos de Participación" con capacidad de propuesta ante el pleno municipal.

Finalmente, se postula una modificación de la ley electoral en la que se incluiría la suspensión de la publicación de sondeos durante las campañas.