El fiscal pide que se mantenga la responsabilidad civil para los procesados por el fraude a la Seguridad Social en Barcelona

El ministerio fiscal solicitó ayer que se mantuvieran las cantidades exigidas, en concepto de responsabilidad civil, a los empresarios procesados en el sumario por el fraude a la Seguridad Social, decubierto en Barcelona hace más de cuatro años. La cantidad exigida a más de 130 empresarios procesados en el sumario supera los 4.000 millones de pesetas, cifra que representa aproximadamente el total de lo defraudado.El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona encargado del sumario decidió el 6 de octubre de 1986 levantar las fianzas de responsabilidad civil. Esta decisión judicial fue recurrido tanto por el sindicato CC OO como por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.

En la vista del recurso, celebrada ayer en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, el representante de la tesorería y el de CC OO solicitaron al tribunal que se mantuviera la responsabilidad civil de los empresarios. El fiscal, que no recurrió el auto del juzgado, también pidió al tribunal que se mantuvieran las cantidades exigidas a los empresarios. Por su parte, el abogado del Estado y los defensores de los procesados pidieron la firmeza del auto del juzgado dictado el año pasado.

La responsabilidad civil fijada para cada empresario corresponde a la cifra que su empresa dejó de ingresar en la tesorería de la Seguridad Social más una cantidad en concepto de costas procesales.

El juez Germán Gambón justificó el levantamiento de las cantidades exigidas como responsabilidad civil en los pagos de la deuda que estaban efectuando algunos de los empresarios. Esta liquidación se realiza en la tramitación seguida en la Magistratura de Trabajo aunque sólo se han satisfecho 582 millones, cantidad que representa una sexta parte de los 4.000 millones defraudados. El sindicato de CC OO considera que esta proporción es muy baja y por este motivo requiere el mantenimiento de la fianza total a los empresarios.

El pago de la deuda se viene realizando, según el abogado de CC OO, Joan Coscubiela, con un promedio de tres a cinco millones de pesetas mensuales por parte de algunos de los empresarios involucrados en el fraude. Sin embargo, no todas las empresas están pagando a la tesorería. Así, mientras una veintena larga se han puesto al corriente, de los pagos adeudados, otras empresas no han satisfecho ninguna cantidad.

La decisión sobre la firmeza de las fianzas por resposaribilidad civil corresponde ahora a la Audiencia de Barcelona que deberá confirmar o revocar el auto del juzgado. Todavía no se conoce cuándo puede concluise el sumario instruido tras el descubrimiento del fraude, detectado entre los años 1981 y 1982.