Leguina asegura que la Comunidad controlará la actividad de Cajamadrid

La Comunidad de Madrid obligará a Cajamadrid a cumplir escrupulosamente con la ley, sobre todo en lo que se refiere a la compra de otras entidades fuera de la región, aunque ello suponga utilizar medios coercitivos "que no quisiera emplear", según aseguró ayer Joaquín Leguina, presidente del Gobierno autónomo.

En el pleno de hoy o del día 9 el Ayuntamiento de Madrid aprobará la lista de consejeros, que introduce por primera vez la proporcionalidad de la representación política en el consejo general de la caja.El presidente del Gobierno madrileño aseguró que, aunque en el pasado Cajamadrid había actuado "por su cuenta en la compra de acciones u obligaciones de otras entidades -no sé si con el consentimiento del Banco de España-, la Comunidad tiene la intención de impedir que siga haciendo lo mismo".

El anuncio de Joaquín Leguina se produce algún tiempo después de que Cajamadrid adquiera una serie de cajas rurales en dificultades como política de expansión. El presidente del Gobierno de Madrid insistió en que Cajamadrid tendría que solicitar la autorización de la Comunidad para realizar este tipo de operaciones y, a preguntas de los periodistas, aclaró que "hay métodos coercitivos que no nos gustaría emplear".

Leguina aseguró que "sólo se pide que se cumpla la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Cuando al presidente se le preguntó si Cajamadrid había actuado con el permiso del Banco de España, Joaquín Leguina, aceptó tácitamente que la autoridad monetaria había autorizado actuaciones que carecían del correspondiente permiso del gobierno autónomo.

Joaquín Leguina subrayó que la Comunidad, según la legislación vigente, sólo tenía entre sus competencias el control de la entidad y que pensaba ejercerlo. "Hasta ahora, tal vez no se ha hecho, pero quizás ha llegado el momento de decir que hasta aquí llegó la riada".

El Ayuntamiento de Madrid, en su pleno de hoy -o como muy tarde en el del día 9- aprobará la designación de consejeros de Cajamadrid que, por primera vez, recoge la proporcionalidad política. Una primera propuesta en la que todos los cargos de consejeros correspondían a los socialistas fue rechazada por los tribunales de justicia.