El PSOE propone a los partidos la exclusión del terrorismo como materia de discusión pública

El PSOE pretende que todos los partidos nacionales asuman la necesidad de mantener "la necesaria discreción en la información pública del Gobierno relativa a la lucha contra el terrorismo, así como Ia oportunidad de excluir este tema de la polémica interpartidaria", según un documento elaborado por el secretario de organización, Txiki Benegas, y remitido a los representantes de los partidos, consecuencia de las reuniones mantenidas con ellos. "No cabe una negociación con los terroristas sobre cuestiones institucionales o políticas", porque ello legitimaría "la eficacia de la violencia", señala.

El texto, de cuatro folios, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido enviado a los representantes de las fuerzas políticas con los que el PSOE ha mantenido diversos contactos en aras de alcanzar un pacto de Estado contra el terrorismo y está siendo objeto de análisis por sus destinatarios, que tendrán que dar una respuesta a Txiki Benegas sobre si lo asumen o estiman conveniente enmendarlo.El último de sus párrafos está en la línea de las recomendaciones expuestas por el ministro del Interior, José Barrionuevo, el pasado julio, que tanta polémica despertaron por entender que se pretendía evitar cualquier crítica de los medios de comunicación o de otros sectores a la política de ese ministerio.

"Los partidos parlamentarios firmantes", dice este párrafo, "estiman conveniente el mantenimiento de la necesaria discreción en la información pública del Gobierno relativa a la lucha contra el terrorismo, así como la oportunidad de excluir este tema de la polémica interpartidaria a fin de mantener la necesaria cohesión del Gobierno y las fuerzas democráticas en la resolución de este problema de Estado. Por esta razón juzgan conveniente la crcación de los mecanismos informativos adecuados que permitan la intercomunicación del Gobierno con las fuerzas políticas parlamentarias".

Reinserción social

En este último párrafo se rechaza "la imposición de las pretensiones políticas de una minoría sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Ello equivaldría a la suplantación de la voluntad popular y a la legitimación de la eficacia de la violencia para alcanzar objetivos políticos". Según lo anterior, "no cabe una negociación con los terroristas sobre cuestiones institucionales o políticas, aspectos éstos reservados a la decisión democrática de los ciudadanos a través de sus órganos de representación y gobierno". Este apartado acaba con la reiteración de que se aplicarán medidas "que puedan favorecer la reinserción social de los terroristas que abandonaran esa actividad".Después de consideraciones generales acerca del problema de la violencia, el documento señala seis puntos, que se mantienen en un plano muy genérico, en los que todos los partidos políticos democráticos deben estar de acuerdo. El encabezamiento de estos apartados dice: "Los partidos políticos parlamentarios que suscriben esta declaración entienden que (...)".

El primer punto rechaza la utilización de la violencia en un sistema democrático como el que existe en España, y afirma que esa práctica supone una suplantación de la voluntad popular.

"La lucha contra el terrorismo es un deber del Estado en su conjunto y de las instituciones que lo componen, que en sus acciones y estrategia deberán velar por el mantenimiento y cumplimiento de los principios y normas que informan el Estado democrático de derecho", dice el segundo punto.

El esfuerzo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo debe ser "justamente apreciado por todos los ciudadanos que aman la libertad y la convivencia pacífica".

"La mejora en la eficacia policial, especialmente en la obtención de información conducente a la prevención de actos terroristas, debe ser un objetivo prioritario de la acción política, al igual que el esfuerzo de coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", se lee en el apartado tercero.

Coordinación policial

Este apartado finaliza con una referencia a la "necesidad de profundizar" en la coordinación, colaboración y adecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en el País Vasco y la policía autonómica de esa comunidad.La colaboración internacional, así como la creación de un espacio jurídico europeo común en la lucha contra el terrorismo, es el argumento cuarto. "Llamamos a todos los ciudadanos para que, individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición del fanatismo y la intolerancia en nuestra convivencia", señala la penúltima declaración.

Benegas ha mantenido conversaciones, previas a la remisión de este documento, con dirigentes de Alianza Popular, Centro Democrático y Social, Partido Comunista de España, Partido Demócrata Popular y Partido LiberaI.

El documento comienza con una recapitulación de lo que ha sido políticamente la última década. Según Benegas, transcurridos diez años desde las primeras elecciones democráticas, el terrorismo es un fenómeno que persiste invariable en España. "Más aún, ha de constatarse que las etapas en las que el desarrollo político del país y el avance hacia cotas mayores de libertad han sido más aceleradas han venido acompañadas por un recrudecimiento de los hechos terroristas". Esta idea concluye con la afirmación siguiente: "el desarrollo democrático, por si mismo, como se observa en España y en otros países, no garantiza la desaparición del terrorismo que es la negación misma de la democracia".

Antes de pasar a la afirmación de los seis puntos citados, el documento señala: "las fuerzas políticas democráticas que, en el marco de la Constitución, defienden diferentes programas políticos coinciden, sin embargo, en el rechazo ético y político hacia todas las manifestaciones del terrorismo y en la necesidad del más amplio acuerdo de las instituciones y fuerzas democráticas para conseguir su erradicación".

"Las legítimas discrepancias que unas y otras formaciones políticas mantienen sobre diversas cuestiones políticas", sigue el texto, "no pueden impedir la consideración del terrorismo como un problema de Estado, situado por encima de los avatares de los diversos gobiernos y de las diversas opciones políticas y que, en consecuencia, exige de una acción común del conjunto de la sociedad".