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El fiscal peruano advierte a los banqueros por su resistencia a acatar la ley de nacionalización

El presidente de la Asociación de Bancos de Perú, Francisco Pardo Mesones, cumplió ayer su segundo día de atrincheramiento en su despacho del Banco Mercantil de Lima, tras la aprobación parlamentaria, el martes, de la ley de nacionalización de 10 bancos, 17 compañías aseguradoras y seis financieras privadas. El procurador de la nación y defensor del pueblo, Hugo Denegri, entre tanto, amenazó a los banqueros con fuertes multas e incluso penas de prisión si persisten en su desacato a la nueva ley. No cumplir una ley "implica sembrar el desorden, encender la anarquía y desorganizar la república", afirmó Denegri.

La "resistencia física" de Pardo Mesones a la medida sólo ha sido secundada, en parte, por algunos aseguradores, ya que los otros banqueros, más parcos en sus gestos y acciones, han señalado que se opondrán a dejar "voluntariamente" sus locales de trabajo. Por ahora, grupos armados de guardias privados rodean los bancos. Mesones, apoyado en los recursos de amparo interpuestos ante el poder judicial en favor de los propietarios de las 33 entidades que se expropiarán, se ha declarado guardián de día y de noche en defensa de su propiedad.La Asociación de Bancos critica de la ley tres puntos fundamentales: la "discriminación" de la banca peruana frente a la extranjera, que no fue afectada de la misma forma por la medida; la declaración del sistema financiero como de "interés social" y la declaración del estado de emergencia en el sistema. En estas tres críticas se basa la petición de incenstitucionalidad. de la ley.

Frente a esta actitud, el ministro de Justicia, Carlos Blancas, recordó que nadie. -individual o colectivamente- puede desconocer la ley fundándose en la presunción de inconstitucionalidad.

El presidente, Alan García, podría promulgar hoy la ley. En la madrugada del viernes, las comisiones interventoras tomarán la administración de las entidades nacionalizadas. Se prevé una promulgación multitudinaria para el fin de semana en la ciudad imperial inca de Cuzco, al sureste de Lima.

La gran batalla judicial en torno a la ley ya se ha iniciado y la Asociación de Bancos piensa llevar el caso al Tribunal de Garantías Constitucionales o a los tribunales internacionales de justicia Rica, apoyándose en las resoluciones judiciales previas a su favor.

Recelosos, los banqueros no permiten entrar a ningún periodista a las instalaciones donde se encuentran las oficinas de dirección, administración y relaciones políticas. Las ventanillas del primer piso de las entidades siguen su ritmo normal, aunque con incertidumbre por parte de los clientes. Los empleados bancarios no sindicados ya advirtieron que defenderán las entidades junto con los propietarios.

Ante el temor que aún persiste entre los accionistas de las empresas afectadas, que esperan con incertidumbre la fijación del justiprecio a pagar por los bancos, ayer se continuaban vendiendo acciones en la Bolsa de Valores de Lima, a un valor inferior al real. La Bolsa, en los dos meses que ha tardado la discusión de la ley, no ha logrado recuperar los niveles de antes del anuncio de nacionalización.

Críticas de Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa, quien encabezó la campaña contra la aprobación de ley, calificó ayer de "lamentable" el que la medida haya sido finalmente aprobada por el Parlamento. Aseguró, sin embargo, que la aprobación no significa un fracaso de su campaña, sino más bien que "demostró la voluntad del pueblo peruano de vivir en democracia".Por su parte, Izquierda Unida (IU), frente que agrupa a ocho formaciones de la izquierda peruana, aseguró ayer que esta ley tiene varias deficiencias y representa un "claro retroceso" con respecto al proyecto original.

Entre las principales objeciones de IU se encuentran: la expropiación de sólo el 51% de las acciones de las aseguradoras, el mantenimiento de un 70% de las acciones en manos privadas -aunque bajo un sistema de accionariado difundido que impide a cualquier particular poseer más del 1% de las acciones totales- en la banca regional, el régimen abierto dejado para la creación de bancos multinacionales y la incógnita sobre la participación mayoritaria de los trabajadores sindicados en las direcciones de las entidades expropiadas.

Para la banca nacional expropiada, la ley establece que quede un 30% en manos privadas, bajo el sistema de accionariado difundido, y un 70% en las del Estado.

Izquierda unida ya ha asegurado que, a partir de las próximas sesiones en la Cámara baja, sus diputados impulsarán firmemente varias modificaciones, en distintos aspectos del proyecto, ahora remitido al Ejecutivo.

Banca extranjera

El proyecto aprobado el martes prohibió expresamente la instalación de nuevas sucursales de bancos extranjeros en el país. Las ocho sucursales extranjeras que ya están en funcionamiento seguirán sus operaciones con dos grandes limitaciones: no podrán captar ahorros directamente ni podrán poseer acciones de empresas nacionales. Tendrán, además la obligación de mantener líneas de crédito abiertas a la banca estatal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de octubre de 1987

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