Recurso del alcalde de Robledo contra su procesamiemito por abusos a menores
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid celebró ayer, a puerta cerrada, la vista del recurso de apelación contra el procesamiento, por supuestos abusos deshonestos con menores, de José Luis Iglesias Montero, invidente, alcalde socialista de Robledo de Chavela tras las elecciones municipales del 10 de junio último. Iglesias fue detenido el pasado 16 de marzo por la Guardia Civil, y procesado al día siguiente por el juez de San Lorenzo, José Luis Zarco, por las denuncias presentadas contra él por cinco familias.La abogada Francisca Cobos, defensora de Iglesias, recordó al tribunal que el objeto del auto de procesamiento no es imponer una pena al presunto sospechoso, sino ofrecer garantías jurídicas al inculpado, cuya imagen pública y reputación ha sido dañada. Alegó que el procesamiento no se fundamenta en los necesarios indicios racionales de criminalidad, por falta de una suficiente investigación judicial.
Cobos resaltó que el auto de procesamiento se dictó el mismo día que Iglesias fue puesto a disposición judicial y reprochó al juez instructor que "se dejara llevar por el relato apasionado de algunos declarantes". Añadió que la orden de ingreso en prisión fue modificada por el juez cuatro días después, tras las contradicciones en las declaraciones de los niños y de sus padres y tras el informe del forense que no detectó ninguna anormalidad en las supuestas víctimas.
El fiscal, en una brevísima intervención, solicitó la confirmación del auto de procesamiento, mientras que José Luis Alonso, letrado de la acusación particular, presente en la vista, no intervino. Iglesias, que hubo de quedarse a la puerta de la sala, ha expresado reiteradamente su seguridad de que fue víctima de una maniobra política, dada la proximidad de las elecciones municipales, a pesar de lo cual los vecinos le otorgaron su confianza, accedió a la alcaldía.
El anterior alcalde de Robledo de Chavela fue José Luis Ventosilios, de AP, que causó baja como consecuencia de la denuncia por supuesta malversación de 26 millones de pesetas, presentada el 7 de abril de 1986 por Iglesias y otro concejal socialista.
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