Comarcas y eficacia
LA IMPROVISACIÓN y falta de consenso que acompañaron a la aprobación de la nueva ley territorial de Cataluña, que restableció linealmente la división comarcal de 1936, se traducen ahora en un lamentable espectáculo. Los municipios que reúnen la mitad de la población catalana han rechazado explícitamente la ubicación comarcal decidida unilateralmente por Convergència i Unió. Las realidades que existen ahora en materia de población, comunicaciones e interdependencia económica son muy distintas de las de la etapa republicana, y el peso que ha ganado toda la franja litoral respecto al interior ha modificado esencialmente a Cataluña, aunque eso no le guste al sentimentalismo de algunos legisladores, por lo que la oposición al mapa comarcal en muchos casos está cargada de razón.El hecho de que la discrepancia con el nuevo mapa esté encabezada por la ciudad de Barcelona, que se resiste a verse en una comarca que no englobe al conjunto de las localidades de su entorno, su prolongación natural, agrava la falta de credibilidad de la medida del Parlamento autónomo. Y aunque la frontera entre quienes aceptan y rechazan la actual división pasa fundamentalmente por las áreas de predominio convergente y de la izquierda, respectivamente, hay el suficiente número de excepciones como para desacreditar las justificaciones simplistas sobre el problema que lanzan los portavoces del Gobierno de Pujol.
Pero remover el tema territorial sin las debidas cautelas y lanzarlo a la opinión pública sin un amplio respaldo político previo constituye una gran imprudencia. Y esa imprudencia se está traduciendo en una fiebre reivindicativa de capitalidades, en la petición de que se creen nuevas fronteras y nuevas comarcas y, en algunos casos, en el rechazo explícito a convivir con localidades con las que hasta ahora había mantenido relaciones de tranquila vecindad. Para atender la oleada de reclamaciones, la Generalitat tendría que añadir a las 38 comarcas previstas otras 13 o 14 más, cada una de ellas, no lo olvidemos, con su pequeña asamblea representativa, su gerente, su capitalidad y la pompa protocolaria correspondiente.
Con esta cuestión aflora un problema de fondo del Gobierno nacionalista catalán, que, con las excepciones de la política lingüística -en la que está consiguiendo espectaculares éxitos- y la de forcejeo económico con la Administración central, se acerca al final de la legislatura autonómica dando señales de estar exhausto en imaginación y recursos. Cuestiones como el retraso en rematar su parte de la política de los cinturones viarios de Barcelona, la incapacidad para solucionar temas tan apremiantes como el del abastecimiento de agua potable para Reus o la polémica que se le está desatando en relación al proyecto de autopista de Garraf plantean el asunto de fondo de hasta dónde llega su eficacia gestora. Una cuestión que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, mientras, Jordi Pujol centraba toda la atención por su política exterior de gestos en relación al Gobierno de Madrid o efectuaba sus frecuentes viajes institucionales al extranjero.
