La televisión privada llegará inicialmente al 50% de los españoles y a todas las capitales de provincia

La televisión privada llegará al 50% de los españoles, entre ellos los que vivan en capitales de provincia, cuando puedan entrar en funcionamiento los tres canales concedidos a empresas particulares, lo que muy probablemente no sucederá antes de finales de 1989, según las previsiones de los especialistas encargados de elaborar el Plan Técnico Nacional. En el caso de que no se produzca una demora especial, el inicio de las emisiones de televisión privada estará muy próximo a la celebración ole las elecciones legislativas de 1990, si éstas se llevan a cabo al término de los cuatro años de legislatura.

El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada es una de las piezas principales del proyecto de ley de televisión privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 3 de abril, ya que de él dependen importantes aspectos de incidencia práctica y todavía por concretar, como la selección de las provincias que constituirán las áreas geográficas con emisiones particularizadas. Una de las condiciones impuestas por el Gobierno a los propietarios de un canal privado de televisión es que realicen diariamente emisiones regionales junto a las de alcance nacional.La demarcación de estas áreas geográficas, que no siempre coincidirán con las de las 17 comunidades autónomas, es una de las decisiones políticas pendientes de tomar por el Gobierno y que presumiblemente pueden suscitar polémica en algunos Ejecutivos autónomos.

Los especialistas encargados de la elaboración del Plan Técnico han propuesto una primera fase de funcionamiento de la televisión privada en la que las emisiones llegarán al 50% de los españoles y a todas las capitales de provincia. Esta fase tardará en completarse entre 18 y 24 meses, plazo que se considera imprescindible para la ejecución de las obras de adaptación de la red terrestre de Radiotelevisión Española.

Fuentes socialistas han reiterado la voluntad del Gobierno de contribuir a que la creación de la televisión privada actúe como un factor dinamizador de la industria electrónica española, para lo cual encargará a ésta una parte del suministro de los componentes técnicos necesarios para la transmisión de las señales. Un encargo que, por otra parte, puede demorar un tanto el inicio de las emisiones.

Radiotelevisión Española, Ente Público que dirige Pilar Miró, no ha incluido en su proyecto de presupuesto para 1988 ninguna inversión para preparar su infraestructura de telecomunicación a las exigencias de funcionamiento de tres canales más, por lo que previsiblemente tendrá que pedir el año que viene un crédito extraordinario para este fin. Ello quiere decir que las obras de adaptación de la red no comenzarán antes de la primavera próxima y que, por tanto, no concluirán antes del otoño-invierno de 1989.

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista calcula que el proyecto de ley de televisión privada, elaborado principalmente por el equipo del ministro de Cultura, Javier Solana, estará aprobado en el Congreso de los Diputados antes de las próximas Navidades y estima que tras las vacaciones parlamentarias de enero y la tramitación en el Senado, podrá entrar en vigor hacia marzo.

Para entonces ya estará también aprobado el Plan Técnico Nacional, según la previsión del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Abel Caballero, quien este verano anunció su propósito de presentar el plan al Consejo de Ministros antes de que finalice el próximo mes de diciembre.

Eduardo Martín Toval, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha manifestado a este diario que los socialistas son contrarios a modificar la limitación de capital en manos de cada socio propietario de un canal de televisión (25%), pero advirtió, en relación con la limitación adicional para los empresarios de prensa (15% del capital), que se trata de un asunto "que tienen que solventar en primer término los propios empresarios" interesados en la gestión de una emisora.

Consenso

A su juicio, si las empresas se ponen de acuerdo en permitir que los propietarios de medios informativos puedan tener hasta un 25% del capital de cada emisora, "no es que el Gobierno vaya a decir amén, pero es probable que estudie" una propuesta de esas características. "El Gobierno", insistió, "no va a renunciar a impedir que se produzcan prácticas monopolísticas, del mismo modo que el Grupo Socialista considera que sería bueno un acercamiento y un consenso con los interlocutores sociales afectados por la ley".No obstante, Martín Toval reiteró el propósito socialista de no modificar los aspectos fundamentales del proyecto de ley, entre ellos el número de canales autorizados, la concepción de las emisiones de televisión como servicio público, el sistema mixto de cobertura nacional-regional e incluso otros aspectos, como las sanciones previstas.

Un alto cargo gubernamental afirmó que las principales fuerzas de la oposición serán invitadas a celebrar reuniones de trabajo, sin que trasciendan, para estudiar las enmiendas presentadas al proyecto de ley, una vez que concluya el plazo ampliado de presentación de modificaciones en el Congreso.