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Tribuna:

De lo federal a lo concreto

La concepción federal del Estado tiene una presencia importante en la tradición de las fuerzas progresistas, aunque a veces sólo sea en las declaraciones programáticas o enunciados definidores. Sobre esa base escribe el autor acerca del debate federal.La experiencia institucional del federalismo en la historia española, como se sabe, fue brevísima (apenas 11 meses) y no llegó a plasmarse en ningún texto constitucional vigente. De forma significativa, casi siempre fue desde Cataluña desde donde se avanzaron propuestas federalizantes, buscando con aquéllas una relación de pacto entre iguales para dos interlocutores: España y Cataluña. Incluso propuestas formuladas bajo otras denominaciones distintas de la federal, en su contenido e intencionalidad política eran federales. Pero en ningún caso fueron aceptadas ni llegaron a prosperar. De facto se podría concluir que la voluntad federal era unilateral.

Ahora, a raíz de los textos precongresuales del PSC, se relanza un cierto debate sobre lo federal. Casi todos los que hasta ahora se han pronunciado de una u otra forma coinciden en las insuficiencias del llamado Estado de las autonomías y se plantean formas de superarlas. Muy pocos descubren cuál es su modelo global de Estado o precisan el contenido de lo aceptable y posible tras el concepto federal. Seguramente ello se explica, en parte, por el hecho de ser España un Estado plurinacional (característica inexistente en muchos Estados federales, como es el caso de la República Federal de Alemania), cuestión que ya en su día puso en evidencia las limitaciones de políticas como la de "café para todos" o la buscada armonización de la LOAPA. El día que se afrontase con responsabilidad la realidad plurinacional, condición indispensable para avanzar de forma sustancial en la convivencia democrática, se deberían potenciar al alza procesos diferentes de asunción de poderes y competencias, según las voluntades y capacidades de cada nacionalidad.

La importancia de esta problemática, la relación de las nacionalidades en la estructuración del Estado y su inserción en el actual ordenamiento constitucional exigen que tras cualquier propuesta responsable se explicite con el debido rigor qué es lo que se quiere conseguir y a través de qué procedimientos políticos y jurídicos se piensa avanzar hacia aquellos objetivos. De lo contrario se puede incurrir en cualquiera de estos tres defectos: a) Embarcarse en problemas esencialistas y sobre grandes conceptos (soberanía, nación, etcétera), fomentando el choque frontal de nacionalismos -españolismo versus catalanismo o viceversa- y las apelaciones irracionales ("en interés de España vota sí", o "Cataluña por encima de todo"). b) Olvidar el presente y su problemática socioeconómica y las diversas obras de gobierno y consiguientes responsabilidades, para hacer una fuga hacia un futuro abstracto. c) Generar una falsa aspiración como operación distractiva que según como finalice generará una nueva insatisfacción.

De mayor a menor se pueden ir descartando los niveles en los que se sitúa esta propuesta federal. Parece que no se trata de entrar a discutir conceptos de manual o definiciones de federalismo como pacto entre unidades soberanas. De igual forma, y descendiendo en la escala, parece que también se descarta el sinónimo de federal igual a existencia de alguna institución como sería una Cámara Alta Federal tipo Senado de Estados Unidos o Bundesrat, para lo cual se debería reformar la Constitución. Por tanto, y situándonos en un posible nivel mínimo, realista y posible, se debería hablar de la aplicación de técnicas federalizantes.

En este sentido, e inspirándonos en otros ordenamientos, propongo que consideremos tres períodos sucesivos de aplicación de aquellas técnicas:

1. Las técnicas del llamado federalismo de ejecución, concepto actual y superador de la concepción federal del siglo XIX, que se limitaba a exigir un reparto de poderes. En este período se deberían tomar medidas dirigidas a: la actuación de la Administración central a través de la autonómica (suprimiendo, por ejemplo, la periférica, los gobiernos civiles, etcétera); el establecimiento de un modelo federal de seguridad y de fuerzas de orden público bajo el mando de la autoridad correspondiente democráticamente elegida a cada nivel; la consecución de un sistema de financiación que se basase en la distribución porcentual de los presupuestos públicos (por ejemplo, 50-25-25); la plena atribución a los Gobiernos autónomos de la aplicación de decisiones en materias de política económica que afectan a la reconversión industrial o las relaciones laborales, y la participación de las comunidades en la CE, tanto en la vertiente ascendente (formación de voluntad estatal y negociaciones europeas) como descendente (aplicación de normativa). Todo ello implica la modificación de leyes tan recientes y aprobadas con el consenso del PSOE y de Minoría Catalana, como son las de Bases de Régimen Local, de la Función Pública o de las Fuerzas de Orden Público.

2. La transferencia de nuevas competencias legislativas a las comunidades autónomas a través de los mecanismos previstos en el artículo 150 de: la Constitución. Igualmente la aprobación por parte de las Cortes Generales de aquellas leyes que posibilitasen decisiones propias de comunidades que optasen por modelos específicos de organización (como la conversión de Cataluña en una sola provincia).

3. La plena participación de las nacionalidades en la formación de la voluntad estatal. Sobre este tema ya se podría avanzar, en el primer período, a través de las técnicas de cooperación, pero en este tercer período sería ya ineludible la reforma de la Constitución tanto para la adecuación del Senado (representación y poderes) como la modificación de otros aspectos, como sería la adopción del sistema de multilingüismo.

Creo que estas propuestas, gradualmente desarrolladas, comportarían un cambio real en la política autonómica y en las aplicaciones de las previsiones constitucionales y estatutarias. Para ello son necesarios una voluntad política y un consenso entre las fuerzas políticas. Pero sería una lástima que el tema se ahogase en un mar de declaraciones sin concreción. Entonces tendrían rayón los que dicen que estamos ante un nuevo juego de palabras.

Rafael Ribó es secretario general del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de septiembre de 1987

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