Terroristas, jueces y policías / 1

El autor de este artículo ofrece un retrato de lo que considera las dos posiciones que se dan en la sociedad y en la política democráticas ante el terrorismo, y opina que el hecho de que se hayan transformado esas posturas en un debate policial no favorece en nada la lucha antiterrorista ni la moral de quienes la sostienen en primer término. Tampoco ayuda, considera el autor, en el camino de normalizar los aparatos coercitivos del Estado, porque continuamente están en el candelero de la polémica. La salida a esta situación es un acuerdo que se base en la buena voluntad de todos.

Los terroristas y quienes en primera línea han de luchar contra ellos: policías, fiscales y jueces, reclaman la preocupación de gran parte de los ciudadanos y la reclaman polémicamente. Sin caer en la tentación de intentar reducir a parámetros racionales el puro irracionalismo criminal del tiro o de la bomba, merece la pena racionalizar los términos con los que se expresan quienes polemizan sobre tan importante asunto.

El terrorismo

En el campo democrático parece haber un acuerdo básico: el terrorismo lo es contra el sistema de convivencia. Todos los demócratas están, por tanto, a favor de combatirlo. Sin embargo, hay dos posiciones en cuanto al cómo. Estas posiciones se derivan de dos hipótesis respecto al riesgo que para la democracia encierra el hecho terrorista. Denotemos con A y B ambas posiciones.Para A, el terrorismo, aun siendo un grave mal, no encierra hoy riesgo serio para el sistema democrático. El riesgo para la democracia está más en la forma como se combata el terrorismo desde los aparatos coercitivos del Estado. Dicho con otras palabras, para A el riesgo para la democracia no está tanto en el coche bomba o en el tiro en la nuca como en que tales actos provoquen una respuesta de las fuerzas del orden fuera de las prácticas de la legalidad democrática. Prácticas ilegales que no sólo serían ilegítimas contra el terrorismo, sino que se extenderían, en un deslizamiento imparable, al conjunto de las prácticas policiales. Habida cuenta, además, que las Fuerzas de Seguridad del Estado provienen de una larga actividad no democrática.

La posición B parte de una hipótesis distinta, aunque no contradictoria: el terrorismo es el único riesgo serio que soporta hoy la democracia. En otras palabras, la sociedad no puede adaptarse a los asesinatos terroristas como se adapta a los muertos en carretera de los fines de semana, y no puede hacerlo ni desde un punto de vista moral ni desde un punto de vista psicológico.

Por tanto, no sólo se trata de combatirlo con todos los medios del Estado (policías, fiscales, jueces, relaciones exteriores), sino que la propia sociedad (partidos, sindicatos, medios de comunicación) debe de combatirlo activamente.

Armas ideológicas

Para ello es preciso entender que el terrorismo no sólo utiliza armas de fuego, sino armas ideológicas y jurídico-políticas y, por supuesto, "se aprovecha" de los mecanismos democráticos del Estado y de la sociedad.La posición B parte de otra hipótesis menor: las Fuerzas de Seguridad del Estado, aun presentando, como las policías de todo el mundo, problemas y corruptelas en sus prácticas cotidianas individuales, ha asumido colectivamente el sistema democrático y las prácticas jurídicas que ello implica.

En candelero

El debate entre ambas posiciones tiende a centrarse, no tanto en las premisas mayores que las sustentan, a saber: el riesgo que el terrorismo encierra para la convivencia democrática, sino que se desliza hacia las premisas menores. El debate deviene policial, y mientras A pone el énfasis en cualquier desvío de poder, generaliza la corrupción policial basándose en casos llamativos y terribles, pero aislados y descubiertos por la propia policía. Mientras la posición A presta credibilidad a movimientos no sólo marginales, sino en buena parte teledirigidos por organizaciones cercanas a los amigos de los terroristas, B, por su parte, se encastilla en sus posiciones, cayendo, u obligada a caer, en la permanente defensa de las fuerzas de seguridad.Este ya largo debate, al haberse transformado en policial, no favorece en nada la lucha antiterrorista ni la moral de quienes la sostienen en primer término.

Tampoco ayuda mucho a la normalización de los aparatos coercitivos del Estado, al estar éstos permanentemente en el candelero de la polémica.

Síntesis

Ello no empece una posible síntesis entre las posiciones A y B. Los términos de esa síntesis podrían enunciarse así:- El terrorismo es un grave mal para la convivencia democrática.

- Es preciso realizar un esfuerzo desde el conjunto del Estado para que el uso de las prerrogativas del sistema democrático por los terroristas y sus amigos políticos les rinda un beneficio mínimo o nulo.

- Un esfuerzo semejante deberá hacerse en el seno de la sociedad, de suerte que el terrorismo y sus amigos no puedan sacar partido, o lo saquen mínimo, a) del uso de las libertades, b) de los normales conflictos políticos y sociales en el seno de la sociedad democrática.

- Por fin, el necesario control jurídico, político y social que ha de hacerse en torno a la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado se procurará diferenciar de su imprescindible actividad antiterrorista.

En una democracia, a estas conclusiones y a las actitudes sociales consecuentes no se llega sino a través del acuerdo, y éste sólo puede alcanzarse por el convencimiento y la buena voluntad de todos los implicados.

Joaquín Leguina es dirigente del PSOE y preside el Gobierno de la Comunidad de Madrid.