Convidado de piedra

La CEOE, afirma el autor, considera que las tareas pendientes no permiten excluir al Gobierno de la concertación social, aunque defiende, sin embargo, que la firma de un acuerdo supone el mantenimiento de una política que ha dado sus frutos durante los últimos años. El presidente González, en estas circunstancias, no puede mantener abierta la convocatoria a negociar durante mucho tiempo.

Los pasados meses de junio y julio, el presidente del Gobierno trasladó a la opinión pública la necesidad de abrir un nuevo proceso de concertación social dirigido a lograr varios objetivos, entre los cuales hemos de destacar el de la generación de nuevos empleos, lo que sólo puede conseguirse a través de la modernización de las estructuras productivas españolas, el incremento de la inversión privada y pública y la superación, con el esfuerzo de todos, de las graves contradicciones que ha abierto el ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea.La oferta del presidente González despertó lógico interés y suscitó un clima de esperanza que sería grave frustrar.

La CEOE respondió positivamente al propósito gubernamental, expresando su deseo de acudir a las negociaciones sin prejuicios y condiciones previos.

Por el contrario, UGT y CC OO descalificaron la supuesta bondad de la negociación propuesta por el presidente del Gobierno, tildándola de coyuntural, efectista y, sobre todo, innecesaria. A cambio, ambos sindicatos sugirieron imperiosamente la apertura no de una negociación para que concluya en acuerdo, sino un debate nuevo que, de ser aceptado por el Gobierno, obligaría a éste a asumir compromisos con unos y otros, pero desvinculados de un plan global y, por ello, sin orden ni concierto alguno.

No excluyen UGT y CC OO la lógica negociación bilateral con la CEOE en los temas específicos que, ajuicio de ambos sindicatos, son propios de los interlocutores sociales.

No pecamos de pesimistas si calificamos el caos dialéctico antes descrito como preocupante. Para tratar de clarificar cuestiones planteadas parece oportuno analizar el contenido de la concertación, todavía no abierta, en función de la metodología en confrontación, a tenor de las manifestaciones de centrales sindicales, Gobierno y CEOE.

Es obvio que las propuestas dirigidas al Gobierno de la nación que afecten al empleo, formación profesional, gestión del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y otros organismos públicos, etcétera, exigen un acuerdo tripartito. En efecto, carecería de sentido sostener que las actividades, organización y medios del centro administrativo del que depende la eficacia con la que se prestan los servicios de empleo no interesan a los empresarios.

A mayor abundamiento, en aquellas naciones de nuestro entorno económico en las que las medidas de ajuste adoptadas han generado una reacción inversora y nuevos puestos de trabajo, ello ha sido debido a la plena colaboración del empresariado. El mejor modelo de gestión de la formación profesional es el alemán occidental, y se sostiene sobre el interés y la participación del empresariado y sus organizaciones como inmejorable medio para conectar el mercado de trabajo y las opciones educativas, evitando las ficciones en las que con frecuencia nos desenvolvemos los españoles, con el despilfarro económico consiguiente.

Ocioso es señalar el interés de todos acerca de cualquier medida que afecte a la Seguridad Social, y no digamos si las supuestas decisiones políticas o normativas a adoptar se hallan conectadas con el tan conflictivo tema del mercado de trabajo. Los sindicatos no aceptarían ser marginados, en torno a tales cuestiones, de una negociación supuestamente bilateral que pudiera abrir el Gobierno con la CEOE.

La voluntad no basta

Se estima por las centrales sindicales que sobra el Gobierno en una negociación sobre salarios, o estructura de la negociación colectiva, o tratamiento de la productividad, etcétera; es decir, aquellas materias que han sido hasta ahora propias de los sucesivos acuerdos interconfederales suscritos por UGT y CC OO (1983) y la CEOE. Es cierta esta última aseveración, pero acerca de tales supuestas estipulaciones, que pudieran ser en el futuro desarrolladas y concretadas sobre lo ya pactado en años pasados, aprobando una asignatura pendiente, sólo restaría sustituir el contenido declarativo que hasta ahora han revestido por compromisos más puntuales. Ello no obsta para que la mera declaración de voluntad, que figura de modo palmario en los acuerdos firmados desde 1979 hasta ahora, sea importante; pero retrasar más tiempo la ejecución de tales medidas o políticas sociolaborales postergaría sine die la racionalización y modernización de nuestro sistema de relaciones industriales.

A pesar de que el campo de la autonomía colectiva de las partes no está agotado, hemos de estimar que, en algunos supuestos, es inevitable, si no la presencia, la posterior intervención del Gobierno. En efecto, un acuerdo pendiente desde el 31 de diciembre de 1985 entre centrales sindicales y CEOE, estableciendo procedimientos voluntarios para la solución de los conflictos, exigiría ulteriores modificaciones de las normas legales vigentes para la eficacia real de dicho acuerdo si éste, a la postre, se firmara.

En definitiva, los salarios no constituirán en los próximos años materias tan sustanciales a la negociación colectiva, como ha ocurrido en años anteriores, si la inflación se mantiene en las cifras moderadas y por debajo de un dígito, preconizadas por el Gobierno, y estrictamente necesarias para salvar el diferencial que todavía mantenemos con los demás países de la Comunidad Europea, con los que hemos de competir.

De otra parte, el reto europeo obligará ineludiblemente a soportar sacrificios y a efectuar grandes reformas. Los empresarios han de someterse al riesgo de la competencia, y están dispuestos a hacerlo. El presidente de la CEOE, desde hace dos años, repite machaconamente que las consecuencias para los españoles del ingreso en la Comunidad Europea no serán positivas, salvo que abordemos, mediante las conversaciones necesarias, un debate riguroso sobre las medidas que es conveniente adoptar.

Modernizar exige cambiar normas, costumbres, actitudes y buena parte del contenido de los convenios colectivos. Los interlocutores sociales pueden hacer muchas cosas por sí mismos; pero de un depurado análisis de la tarea que corresponde a la actual generación es difícil excluir al Gobierno o aceptar con rigor que éste se cruce de brazos, como convidado de piedra de un proceso de concertación social en el que quien representa a los intereses nacionales tiene mucho que decir.

Si los razonamientos antes expuestos parecen difícilmente rebatibles, ¿por qué una absurda polémica que, enfrentando a interlocutores sociales y Gobierno, está retrasando o arruinando sine die la concertación social?

En efecto, CC OO manifestó su conformidad a una negociación que incluyera al Gobierno y que fuera de contenido amplio: "Toda la política posible, encima de la mesa". Sin embargo, prima en estos instantes la conveniencia estratégica de comparecer en unidad de acción con UGT, por lo que reclaman una negociación bilateral, lógicamente descafeinada, en la que el interlocutor de los sindicatos, representando al Gobierno, entra dentro de lo probable que acabe siendo un director general o, como mucho, el secretarlo general de Empleo y Relaciones Laborales, Álvaro Espina.

Diálogo con el Gobierno

La CEOE puede mantener un amplio diálogo con el Gobierno, sin que ello esté condicionado por la existencia o no de un pacto social previo. Todo les une: el Gobierno es el primer empresario del país; practica una política económica moderada, pero tímidamente reformista por las dificultades que encuentra a derecha e izquierda, y necesita inspirar confianza suficiente en el inversor privado -es decir, los empresarios y ahorradores- para, a medio plazo, producir la cifra de creación de empleo que asegure la solución del primer problema nacional: los casi tres millones de parados.

De otra parte, la CEOE es consciente de que el reto abierto con el viento huracanado que ha supuesto el ingreso de España en la Comunidad Europea exige cambios, capacidad de riesgo empresarial, y al Gobierno ya no se le puede pedir protección como antaño, sino que remueva obstáculos y favorezca la libre iniciativa. Sin embargo, la suscripción de un acuerdo para la CEOE supone lo siguiente: el mantenimiento de una política que ha dado sus frutos durante los últimos años, la contribución al logro de un cierto clima de paz social, la consolidación de un nuevo marco de relaciones industriales y un sindicalismo de colaboración y no de confrontación permanente..., por lo que algún coste los empresarios estarían dispuestos a asumir.

Sin duda, es preciso profundizar sobremanera en las entretelas de la familia socialista para adivinar las razones que mueven a UGT a abrir una auténtica diáspora negocial, rompiendo con el modelo de concertación que la ha convertido en la primera central sindical del país.

Si UGT no favorece una reflexión de la que surja un compromiso personal de los líderes, no es previsible que se intente por Felipe González negociación alguna. La reconstitución del diálogo social no es lo mismo que la concertación social que, como esperanza, fue suscitada por el presidente del Gobierno el pasado julio. Dialogar es siempre necesario; no hacerlo es un peligro público, pero, en este caso, el mero recambio conceptual deviene en eufemismo. El presidente González no puede mantener abierta la convocatoria a negociar mucho tiempo. Las esperanzas se pudren. Paradójicamente, que ello pueda ocurrir también aterroriza a UGT.

Las contradicciones son muchas, pero las cabezas dirigentes de las organizaciones que durante el decenio que ahora termina han realizado otrora esfuerzos para reconducir una sociedad enfrentada y trocarla por otra en la que la aparente discrepancia se plantea acerca de cómo negociar, y tienen en sus manos repetir parecido gesto ahora. El objetivo ya no puede ser el mismo que en 1979; hoy es urgente modernizar desde la solidaridad.

es asesor de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).