¿Están ocupados los 'ocupados'?

Es un tópico al uso en la alta función pública el que para que a uno no le ocurran contratiempos lo mejor es no hacer nada, pero que si se quieren padecer continuas catástrofes lo mejor es hacer algo nuevo. Como decía Maquiavelo en El príncipe: "No hay cosa más dificil de disponer, ni más dudosa de llevar al éxito, ni más peligrosa de conducir, que hacerse promotor de la implantación de un nuevo orden de cosas". Se diría que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está decidido a verificar el acierto del tópico y del clásico.Más de un usuario piensa que la eficiencia del dispositivo estadístico español es escasa. Hubo quien supuso que la llegada del partido socialista al Gobierno exigiría una mejora inmediata y radical de este dispositivo, puesto que era un instrumento imprescindible para gobernar, en aplicación de la popular creencia de que socialismo es equivalente a planificación centralizada.

Durante los primeros años pareció que no era. una tarea urgente y que bastaba con cargar el peso de la actividad del instituto sobre la obtención de algunos índices-totem como el IPC. Como ejemplos de los campos preferidos durante aquel desencantador período pueden valer el descanso de más de tres años que se tomaron las publicaciones de las estadísticas de educación y las vacaciones del Movimiento Natural de la Población, del que está proyectado publicar en 1987 los datos correspondientes a 1981, 1982, 1983 y 1984, lo que significa cuatro años en uno. Un récord y un síntoma.

La depuración del censo electoral y algún detalle público sobre el mencionado IPC han dejado ver que los cambios acometidos han producido división de opiniones con tendencia mayoritaria, cómo no, a la crítica. El asunto de actualidad es la remodelación de la encuesta de población activa (EPA), respecto a la que se plantean dos problemas:

El primero consiste en que, debido a los cambios, pueden no ser comparables los datos anteriores y los futuros, rompiéndose así la continuidad de una de las fuentes estadísticas de mayor entidad.

El segundo se refiere a si son apropiados o no los criterios por los que se clasifica a la población como ocupada o como parada,

La ruptura de las series

El asunto tiene poca discusión: es necesario un solapamiento de la encuesta antigua y la nueva que permita el estudio independiente de las cuatro combinaciones posibles entre cuestionarios y criterios de explotación para aislar los efectos de cada una de las modificaciones en los resultados que con ellas se obtienen.

Para realizar una macroencuesta paralela como la exigida por las circunstancias, se necesitaría un equipo (eventual y, por otra parte, experto) de difícil acomodo administrativo posterior. Por otra parte, el personal técnico del instituto parece no disponer de tiempo para su estudio.

De dificultades de este tipo nace la búsqueda de una mayor autonomía del instituto para agilizar su dimensión empresarial. Hay que reconocer que la ley de Procedimiento Administrativo y la de Contratos del Estado no son siempre el mejor cauce para la gestión de algunos organismos específicos, pero la solución de estos problemas no es sencilla.

Puede ser que las urgencias que ha impuesto el cumplimiento del calendario europeo (cuyas encuestas anuales se realizan durante el segundo trimestre) haya dificultado la detallada e ineludible explicitación del análisis de la encuesta paralela que el INE ha llevado a cabo sobre una importante muestra de 10.000 viviendas. Una investigación de este tipo puede dar más frutos metodológicos y de conocimiento del mercado que el indispensable de homogeneidad de las series. Dado que tanto los cuestionarios como los criterios o la población están ahí, quizá fuese rentable hallar una fórmula de compromiso para prolongar la fertilidad teórica y práctica de tales estudios.

¿Cuántos trabajan?

Ésta es cuestión delicada, pues de ella dependen cumplimientos de promesas, éxitos de políticas y otros asuntos por el estilo, pero sobre todo dependen argumentos (armas) a emplear en la lucha por el reparto del producto nacional entre los distintos colectivos sociales.

Han sido dos criterios en particular los que han desatado la polémica: el que para ser considerado ocupado sea suficiente haber trabajado una hora en la semana anterior a la entrevista y el que para ser clasificado como parado se pregunte "¿De qué forma busca empleo? Formas utilizadas en las cuatro últimas semanas". Cuando antes se preguntaba si buscó trabajo la semana anterior.

Empezando por los parados, ha habido quien ha visto en el nuevo criterio un sistema para reducir su número, cuando en todo caso sería lo contrario. Todo el que haya buscado empleo de alguna forma la semana pasada lo ha hecho el mes pasado, pero quien sólo haya hecho alguna gestión tres semanas antes de la entrevista ahora puede ser considerado parado y antes no. El que los nuevos datos de paro resulten semejantes a los anteriores se debe al efecto compensador derivado de que en la nueva EPA es necesario afirmar la disponibilidad para trabajar en un plazo de 15 días y en la anterior no lo era.

Respecto al límite de una hora, vaya por delante que si lo que se quiere conocer es la participación de los españoles en la actividad productiva conviene conocer la mayor cantidad posible de esa participación, y para ello es necesario poner un límite de tiempo dedicado a trabajar que sea lo más bajo posible, internacionalmente homologado y socialmente razonable. Pero ese límite es necesario complementarlo (cosa que se hace en la nueva encuesta) con las preguntas sobre horas efectivamente trabajadas (E10), horas habituales de trabajo (E 11), búsqueda de trabajo (G2-G6) y su posible reclasificación como inactivo (H1).

Cualquier hablante del español sabe que es desproporcionado decir que está ocupado en algo quien sólo dedica una hora de su tiempo semanal a esa actividad. Del mismo modo que es dificil describir con la misma palabra parado a un padre de familia, sin otros medios que su imposible trabajo, buscando continua y desesperadamente un empleo que le es imprescindible, y a un estudiante de clase alta apuntado en el paro, que aceptaría trabajar siempre que le viniesen ofrecer algo que se adecuase sus exigencias.

Debido, entre otras cosas, la posible impertinencia de estas desproporciones, es necesario realizar lecturas alternativas las oficiales. La nueva EPA permite dividir los colectivos de ocupados y de parados en sus componentes más homogéneos, de tal modo que pueda conocerse evolución del mercado con mayor acierto y precisión.

La estadística estatal es un servicio público. Pero la lectura de la información que obtiene y produce no tiene por qué estar anclada en la publicación impresa en papel de unas cuantas tablas siempre insuficientes.

Entre el coste de realización de la EPA y el de explotación sus datos depurados hay una referencia abismal. Resulta absurdo que una encuesta de la entidad y la calidad de la EPA dé lugar a un producto tan limitada técnicamente y permanezca ajena a otros análisis de cualquier agente social.

Sea por la importancia de sus efectos políticos inmediatos sea por el instrumento que prevee, los usuarios de la EPA tienen motivos para festejar su modelación, ya que ha supuesto una mejora sustancial por el conocimiento del mercado de trabajo español. Si se alude a lo que la utilizan como instrumento es porque, al margen de las eventuales manipulaciones que cada Gobierno de turno pretenda hacer de la publicación de sus resultados, en la nueva encuesta están presentes los elementos neceresarios para hacer una crítica esas manipulaciones siempre que se utilicen las posibilidades existentes de acceso y explotación d sus datos originales.

es sociólogo y profesor asociado de la universidad Complutense.