ETA no quiere dialogar

LA PUBLICACIÓN por el diario Egin de un extenso comunicado de la organización terrorista ETA Militar reconociendo la existencia de negociaciones, describiendo el sentido de los contactos y enjuiciando negativamente las actitudes de los altos cargos oficiales presentes en las conversaciones completa la revelación de un nuevo estadio en el proceso terrorista.Nunca antes ETA había aceptado la existencia de contactos que pudieran asimilarse incluso a remedos de negociación. Pero no ha de ser una coincidencia que tal aceptación se lleve a cabo apenas unos días más tarde de que el presidente del Gobierno español desvelara la existencia de diálogos en conferencia de prensa tras su entrevista con el presidente Mitterrand.

Hasta el momento, los criminales de ETA argumentaban que las muertes seguían produciéndose por el empecinamiento gubernamental en no entablar un diálogo que facilitara una salida a un problema complejo como el terrorismo vasco, y que no podía ser considerado como una simple cuestión de bandolerismo común.

Pues bien, el comunicado hecho público, que reproducimos en su integridad, significa simplemente el rechazo no ya de un proyecto plausible de buscar una salida política a la cuestión, sino que atenta al más elemental sentido de la lógica. Independientemente, la construcción de su discurso podría figurar con todo rigor en el Guinness de la incultura política, y constituye todo un pliego de autoacusación de que el grupo dirigente de ETA se despeña por una pendiente, en la que los crímenes, la extorsión y el chantaje constituyen sus únicos argumentos. No obstante, la necesidad de un diálogo que evite la acción destructora del terrorismo constituye una vía a continuar por los responsables del Estado.

El Gobierno ha tenido un gesto político digno de elogio y apoyo social al informar a la opinión pública que, junto a la propia acción policial, tenía establecido canales de comunicación y pacto para que los terroristas dejaran las armas. Sólo los ignorantes o quienes obtienen beneficios indirectos por la dinámica social reaccionaria generada por los crímenes terroristas pueden atacar a un Gobierno democrático, capaz de abrir un camino para acelerar el final del proceso de destrucción cívica indiscriminada que supone la actividad de ETA.

Que el Gobierno revelara la existencia de contactos tendentes a buscar una salida pacífica al ataque terrorista a cambio de determinadas contrapartidas que, se califiquen formalmente como se quiera, serían al cabo políticas, muestra tanto una solidez no ya gubernamental, sino de la legitimidad democrática del Estado y sus poderes de envergadura histórica. Que el Gobierno fuera capaz hace apenas tres semanas de hablar y seguir hablando de contactos, a partir de lo cual todo ciudadano entiende la existencia de contraprestaciones, es una prueba de audacia que sólo pueden permitirse los regímenes bien consolidados. En este sentido, lo que en el pasado pudiera interpretarse como una debilidad, es ahora, por el contrario, una muestra de fortaleza. Máxime cuando los terroristas acusan en su actividad la pérdida de eficacia que les supone la desaparición del santuario francés.

Cuando se relatan, en el comunicado de la banda terrorista, tres encuentros con funcionarios y representantes oficiales, desde noviembre de 1986 hasta el 11 de agosto pasado, parecen usar también el tono artificialmente duro de quien busca ganar posiciones a través de un discriminado deterioro moral o psicológico del otro. Acusaciones de genocidio contra la política del Gobierno central o pretensiones de descalificación de la otra parte en base a imputarle actitudes cerriles, cuando no de espionaje policial, parecen tan burdas que de no mediar precisamente sobradas pruebas de ofuscación y brutalidad sonarían a una infantil maniobra de imagen.

Sea como fuere, y al margen de las descalificaciones que merezcan por un papel los que repetidamente se revelaron como asesinos, los ciudadanos españoles afrontan el primer debate serio y directo que les conecta con este problema. Y por primera vez, en un camino demasiado largo y sangriento, puede ser toda la sociedad democrática, y sus distintas instancias políticas, la que se muestre solidaria con la batalla que el Gobierno ha emprendido para encontrar fin a un azote que ha costado demasiadas vidas y ha podido perjudicar la imagen del patrimonio social del Estado. Nadie puede augurar en qué pueden desembocar los contactos que se han iniciado, pero sin duda nunca antes, desde la transición, el Estado democrático español dio más señal de su consistencia que sometiéndose a la prueba de que intercambiar algo a cambio de la paz no es un signo de debilidad política. Sólo los enemigos de la libertad y el progreso pueden manifestarse en contra de esta iniciativa.