Falsos policías estafaban a comerciantes ofreciendo protección a cambio de dinero

Representantes de revistas fantasmas, muchas de las cuales tan sólo editaban el mismo número de ejemplares que de contratantes de publicidad, han venido estafando a pequeños comerciantes ofreciéndoles protección a cambio de contratos de publicidad y suscripciones. Los hombres de estas publicaciones se presentaban en comercios y asociaciones como "agentes" de las revistas y se hacían pasar por policías mientras ofrecían contratos de publicidad y suscripciones a cambio de "un año sin problemas". Varios comerciantes han denunciado judicialmente estas operaciones, que, al parecer, han puesto de relieve que algunas revistas de sindicatos policiales también captan publicidad de forma irregular.

Después de las numerosas denuncias recibidas, el asunto se encuentra en manos del ministerio fiscal. Los presuntos estafadores diversificaban sus actividades entrando en otros terrenos; así, diciendo representar a revistas de asociaciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda, ofrecían silencios fiscales. El secretario de la Federación de Empresarios de Talavera, Alejandro Bermúdez, fue quien puso en conocimiento de las autoridades las actividades de estos individuos; "el tono de las ofertas era amenazante", incluso llegaron a ofrecer suscripciones a empresarios de gasolineras advirtiendo que una negativa podría comportar un incendio.El comportamiento mafioso de estos vendedores, que, según explicó Bermúdez, iban en ocasiones acompañados de policías municipales, atemorizó a los comerciantes. Las suscripciones y anuncios que ofrecían estos peculiares vendedores se aproximaban a las 7.000 pesetas, aunque se han dado casos de personas que han denunciado haber pagado hasta 130.000 pesetas anuales. Entre los nombres dados a las publicaciones fantasmas figuran los de Policía Judicial y Administrativa y Unión Sindical de Administrativos de la Dirección General de Policía.

Una de las revistas que, al parecer, está involucrada en el asunto es la que edita el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), que había encargado la organización de sus suscripciones (1.200 en la actualidad de una tirada de 7.000 ejemplares) a la empresa Biresa. Carlos Molina Tatay, uno de los vendedores de Biresa denunciados, tenía sobre sus espaldas siete reclamaciones judiciales, entre ellas órdenes de busca y captura. Molina, según explicaron los representantes legales de Biresa, ya no trabaja allí. Estos responsables insistieron en la abosluta transparencia de su empresa y el carácter primordialmente voluntario con que ofrecen suscripciones a la revista de] sindicato policial. Por su parte, el portavoz del SPPU añadió que su revista está debidamente legalizada, como consta en la Dirección General de la Policía. Los empresarios también han denunciado a agentes publicitarios de otras publicaciones como Sindicato Nacional de Policía y Cuadernos de Policía.

Entre los casos de extorsión que han trascendido figura el de un prostíbulo cuya dueña, ante una inspección policial, comentó que estaba al corriente de pago y enseñó facturas de contratos publicitarios con una de estas revistas.

La Dirección General de la Policía envió en la tarde de ayer una nota a los medios de comunicación en la que advierte que "la utilización del nombre de la Dirección General de la Policía o de la propia policía se hace de forma ¡legal", y añade que la única publicación oficial de la Dirección General de la Policía es la revista Policía, que no incluye publicidad.