El general Ramos, partidario de aplicar la pena máxima a los golpistas filipinos

ENVIADO ESPECIAL El general Fidel Ramos, jefe del Alto Estado Mayor, afirmó ayer en Manila que -aunque la nueva Constitución filipina excluye la pena de muerte- podría estudiarse la aplicación del máximo castigo para los responsables de la intentona golpista del pasado viernes, encaminada a derrocar al Gobierno de la presidenta Corazón Aquino.

La jefa del Estado y el ínfluyente cardenal Jaime Sin -el 85% de población del país es católica- pidieron ayer el apoyo del people power, o poder del pueblo, para defender ahora la democracia filipina.

"Mientras el país me necesite, Dios me protegerá", dijo Cory Aquino, al celebrar el 30º aniversario de la creación de la Seguridad Social. Aquino consideró que con el apoyo popular podrá "vencer las fuerzas malignas" encarnadas por los militares golpistas, encabezados por el coronel Gregorio Gringo Honasan, que sigue oculto, probablemente en el norte del país, desde donde lanzó el pasado martes una declaración de "Gobierno provisional" bajo el protectorado de una supuesta "Junta militar". Alrededor de un millar de oficiales y soldados siguen detenidos en barcos militares, en la bahía de Manila, a la espera de ser procesados por rebelión.

Escaso valor

Tanto en medios militares, como en el círculo político presidencial se da escaso valor a la declaración de los rebeldes de crear una "Junta militar", sobre todo porque el documento estaba previsto para ser difundido el pasado fin de semana, en caso de que hubiese triunfado la rebelión.

Sin embargo, fuentes próximas a Cory Aquino afirmaron que "durmió mal" en la noche de lunes, debido a los "rumores" de que podía existir el riesgo de un nuevo intento de ataque al palacio de Malacañang, que sigue fuertemente protegido por unidades de elite del Ejército filipino.

"El comunicado de la presunta creación de una Junta militar, es un intento desesperado para conseguir apoyo a una causa perdida", dijo ayer el general Fidel Ramos, en la sede del cuartel general de las fuerzas armadas en Filipinas. Puso en duda que existiera una "Junta militar", ya que cifró sólo en un reducido grupo de oficiales los que escaparon junto con Gringo Honasan.

Ramos declaró asimismo que gracias a la firme acción del Ejército contra los amotinados se había evitado "una guerra civil en Filipinas". "Lo único que ha conseguido Honasan ha sido dar nuevos argumentos a la guerrilla comunista, al provocar con su acción la muerte y las heridas de centenares de filipinos inocentes" ' añadió el general Ramos. Éste se inclinó por la aplicación de poderes especiales que castiguen a Honasan con la máxima pena, dando, al menos verbalmente, el tono de advertencia de los riesgos que corren los eventuales nuevos golpistas filipinos. Ramos confirmó que tres comités investigan, junto con el Congreso, las responsabilidades militares y civiles de la intentona.