Inquietud en Túnez ante la posible condena a muerte de integristas

La posibilidad de que al menos 20 de los integristas tunecinos procesados por su pertenencia al Movimiento de la Tendencia Islámica puedan ser condenados a muerte ha provocado inquietud en medios políticos del país, hasta el punto de que sectores del propio Gobierno mantienen serias diferencias sobre si este tipo de sentencias favorecerían a la pretendida normalidad de esta pequeña República magrebí, actualmente agitada. La mayor preocupación está centrada en la decisión que pueda adoptar, terminado el juicio, el presidente Burguiba, de quien, al concentrar personalmente casi todo el poder del país, dependerá la vida de los procesados.

Éstas son las impresiones recogidas en Túnez cuando aún no ha comenzado el mayor proceso político que vive el país en los últimos tiempos, cuyas sesiones se abrirán el martes. Hedi Mabruk, ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado un viaje relámpago a París, donde, a juicio de los observadores, ha puesto al presidente François Mitterrand al corriente de la evolución de los acontecimientos. Mabruk, según todos los indicios, sería uno de los miembros del Gobierno contrarios a las condenas de muerte, inevitable, ya que al menos dos artículos del Código Penal tunecino, el 72 y el 74, que se van a aplicar a algunos de los 90 procesados, conducen a ella.

La debilidad del poder, en manos de Burguiba pese a su ancianidad, impide que en este país magrebí otras voces de peso distintas a las del presidente se alcen no en defensa de los procesados pero sí ante cualquier paso en falso en la gestión política que a corto o medio plazo pueda producir retrocesos en el progreso alcanzado, aseguraba a este periódico un alto funcionario de la Administración que prefirió no identificarse.

De estas supuestas 20 condenas a muerte de las que se habla insistentemente en Túnez, 16 lo serían en contumacia, y cuatro, a detenidos. Los artículos 72 y 74 del Código Penal tunecino estiman que es delito de pena de muerte atentar contra el sistema de Gobierno y pertenecer a bandas armadas. Los acusados -40 detenidos y 50 en estado de fuga- lo son en su mayoría por estos dos artículos. También se les acusa de atentar contra la dignidad del jefe del Estado y miembros del Gobierno; distribuir manuales para el ataque a personas; alterar el orden público; poseer depósito ilegal de armas; pertenecer a una asociación ilegal, propagar falsas noticias y mantener convivencia con un Estado extranjero (Irán).

Medios de oposición mantienen que la campaña de Prensa institucional contra los procesados es negativa a cualquier esperanza de conmutación mediante gracia presidencial de las esperadas penas de muerte. Igualmente se indica que la cólera del anciano presidente contra los integristas es también un factor que nada favorece a los esfuerzos de la defensa. Sin embargo, confían en la intercesión en estos días de algunos Estados occidentales y en la posibilidad de una campaña en el interior del país similar a la que, tras los sucesos del pan de finales de 1983 y principios de 1984, logró evitar la ejecución de ocho condenados a muerte.