Huelga en Suráfrica

MÁS DE tres semanas dura ya la huelga que mantiene fuera de los pozos a unos 350.000 mineros de Suráfrica. La producción de carbón y oro se halla en gran parte paralizada, con un coste elevadisimo para la economía del país, en la que la exportación de oro representa en torno al 60% de los ingresos. A pesar de la represión, que ha causado siete muertos, el Sindicato Nacional Minero (NUM) ha dado pruebas de una capacidad de organización que ha sorprendido a todos. El anuncio de negociaciones entre el sindicato minero y la Cámara de Minas pone de relieve que las empresas y el Gobierno -que se ha mantenido en segunda fila- están obligados a reconocer la cohesión e influencia del sindicato minero. Cualquiera que sea su resultado, la huelga minera de agosto de 1987 es, por su amplitud y duración, un hecho sin precedente en la historia de Suráfrica. El NUM, creado en 1982, se ha convertido en cinco años en la organización negra legal más poderosa e influyente del país. Su capacidad negociadora, su red organizativa -capaz de paralizar ramas decisivas de la economía- introducen un factor nuevo en la escena política y social del país.

La huelga ha podido sostenerse sobre todo porque las reivindicaciones presentadas -un 30% de aumento de salarios, 30 días de vacaciones anuales- responden al sentir general de unas masas humanas que ya no aceptan ser tratadas como bestias. En su mayoría viven hacinados en barracones y sólo ven a sus familias una vez al año; sus salarios son cinco veces inferiores a los de los blancos. En la base de esta huelga está la voluntad de los mineros negros de dar un paso hacia la conquista de un trato humano. Para ello, una condición decisiva es precisamente que el NUM consolide la autoridad que se ha ganado incluso ante los representantes patronales.

El sindicato, gracias en gran parte a la inteligencia de su secretario, Cyril Ramaphosa -ayer, líder estudiantil encarcelado por su lucha contra el apartheid; hoy, jurista entregado a la causa obrera-, ha centrado la huelga en la reivindicación salarial, evitando mezclarla con otras cuestiones. Pero es evidente que, en las condiciones de Suráfrica, y con una discriminación racial tan brutal en las minas, la relación entre los objetivos económicos y la lucha general contra el apartheid es inmediata. Con esta particularidad: si el Gobierno puede reprimir salvajamente los motines en las barriadas negras, el método de la represión brutal frente a unos mineros organizados puede provocar pérdidas económicas elevadísimas.

Con la experiencia de esta huelga se hace más plural la visión del duro camino que la población negra de África del Sur puede seguir hacia un régimen democrático. Ha sido una lucha planteada desde dentro de la legalidad del régimen racista. Ha atacado al apartheid, no ya en sus leyes o reglamentos, sino en su expresión directa en los lugares de trabajo, en las formas de vivir. Esta nueva realidad desvaloriza de raíz las afirmaciones del presidente Botha, catalogando a los que luchan contra la discriminación racial como "terroristas" o agentes del extranjero. En cambio, se enriquece la concepción que ha prevalecido hasta ahora de las formas de lucha contra el apartheid. A causa de la incesante represión del Gobierno de Pretoria, estas movilizaciones antirracistas se han centrado sobre todo en acciones de protesta, pidiendo la libertad de los presos, o en acciones de resistencia contra la policía, abriendo nuevas brechas en la coraza del apartheid.