Cultura sin sustancia
LA CULTURA, hoy, no puede vivir sin dinero que la fomente. Desde que el Gobierno socialista está en el poder, ese dinero se ha multiplicado: lo entregan el Estado, las autonomías, los municipios, la televisión y algunas entidades privadas. Estas ayudas son a veces cuantiosas y no dependientes entre sí, de modo que los dotados de la habilidad suficiente pueden recibir dinero por varios organismos y conceptos. A veces, para ganar más, o para tener asegurada la ganancia, acuden al sistema de dar el menor número de representaciones posible o de suprimir las giras.La anomalía de todo ello es la de que ese trozo de cultura se ha realizado o proyectado de forma que complazca a los funcionarios que reparten el dinero, aunque no a los espectadores: su difusión, entonces, es nula y por tanto contraria a la protección que se pretende. Permite considerar un despilfarro ese gasto, a veces muy considerable, en un país donde otros sectores de primera necesidad precisan más ayuda y están desprotegidos.
Sin embargo, el ministro del ramo, pluriempleado del Gabinete por su condición de portavoz del Gobierno, en declaraciones hechas a este periódico parece considerar el tema de otra manera: se ha creado, dice, una infraestructura, y se hace brillar a España fuera de ella en un campo en el que tiene tradición y modernidad, ya que no puede hacerse en el campo de la ciencia, la técnica o la industria. Una sustitución inquietante, y en el caso del ministro, un espejismo.
Toda esta organización deliberada que atañe al libro, el teatro, la música o el cine, regulados minuciosamente, permite afirmar que la mediación de funcionarios representa una forma de dirigismo del arte y la expresión, aunque sólo sea por preferencias personales. Suelen guiarse muchas veces por la acumulación de nombres ilustres en el proyecto, desde los clásicos hasta los vivos importantes; lo cual no siempre es una garantía de éxito, y al mismo tiempo produce un bloqueo de los valores nuevos o por probar. Todo se concita en contra de los autores y escritores: reducidos unos al cobro de su porcentaje por la Sociedad General de Autores -un 10% sobre la taquilla, menos los importantes descuentos-, otros, a la confianza en sus editores, no participan en la subvención aunque su nombre la haya avalado; en el teatro, las representaciones son escasas, y los precios, políticos, de donde sus ingresos se reducen notablemente mientras el dinero circula con liberalidad. Últimamente los autores piden una cantidad fija previa, o un a valoir que se descuente de los posibles ingresos. Pero el bloque empresario-director busca entonces la salida de programar obras fuera de dominio público, cuya adaptación firman y cobran ellos mismos.
En otros países se atiende más a la iniciativa privada. Y el Estado se preocupa especialmente en creación de locales, en reparto de las obras de interés por todo el territorio nacional, en festivales de primera magnitud, en escuelas, en compañías estables ya acreditadas y, sobre todo, en poner los espectáculos al alcance de un público interesado pero con poco dinero. Es decir, en la cultura interior. Aquí se ha empezado por el escaparate, y el brillo es engañoso.
Este Gobierno debía haber acumulado ya la suficiente experiencia para administrar con más eficacia el dinero que reparten los institutos nacionales de música y teatro y el de cinematografía, y el fomento que se hace desde los organismos dedicados al libro y las artes plásticas. La experiencia le debe permitir ver que no ha sacado adelante nada nuevo, nada que se le pueda atribuir seriamente y que, al dirigir la cultura, se hace responsable de su falta de jugo y entrañamiento con los ciudadanos.
