La compraventa de licencias de taxi mueve en Madrid más de 4.500 millones de pesetas al año

El traspaso de licencias de taxi, sin apenas control por parte del Ayuntamiento, mueve al año unos 4.500 millones de pesetas (cinco millones por licencia). Madrid es la capital europea que tiene más taxis por habitante, con 15.500 licencias (el 96% concedidas antes de 1977). El sector del taxi es uno de los que más denuncias reciben de los usuarios, unas 70 al mes. También es un buen refugio para el pluriempleo y otras situaciones anómalas, como las auténticas flotillas en manos de un propietario. El Ayuntamiento puede retirar licencias por estas irregularidades; sin embargo, no lo hace.

En la actualidad existen en Madrid 15.500 licencias de taxi, de las cuales 15.000 fueron otorgadas en el anterior régimen. Más de un 75% de los adjudicatarios están hoy afiliados a la Asociación Gremial del Taxi -nombre que recibió en 1979 el antiguo sindicato vertical-, cuyo vicepresidente es el concejal de AP, Clemente Torres Palomo, quien forma parte de la comisión municipal de Circulación y Transporte y es a la vez titular de una licencia de taxi. El parque de taxis en Madrid (un vehículo por cada 259 habitantes) es considerado excesivo por todas las partes vinculadas al sector, y supera por amplio margen al de otras capitales europeas. Por esta razón, y al menos oficialmente, el Ayuntamiento decidió en 1979 no otorgar más. Sin embargo, en 1983 se adjudicaron dos.

El Ayuntamiento, según la ordenanza del taxi de agosto de 1980, puede recuperar bajo dos circunstancias licencias ya adjudicadas: renuncila voluntaria del titular o sanción por una falta muy grave. Un acuerdo entre el Ayuntamiento y el sector estipula que las que se recuperen se otorgarán a los taxistas asalariados, por orden de antigüedad. Sin embargo, la Administración municipal no ha recobrado licencias...a pesar de que ha tenido oportunidades.

En 1985, el Ayuntamiento anunció la adopción de "drásticas sanciones" contra 81 taxistas que habían infringido diversas normas. A dos de ellos -Tomás Gallego Pérez y Lorenzo Torrados Solís- se les castigaba con la retirada definitiva de las licencias, cosa que tampoco se hizo "para no afectar a las familias que dependen de ese sustento", según una fuente oficial.

Taxistas policías

El pluriempleo también está prohibido. Pero la falta de control permite que esta norma sea violada con facilidad: Antonio de la Cruz Ancos y Juan Vicente Serrano trabajan en la ENIT mientras que José Álvarez, Gonzalo y Alejandro Dotor Pérez lo hacen en la Policía Municipal. Antonio Franco Pérez, de la ejecutiva de la Agrupación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT-UGT), es presidente de la Mutua Auto Profesional del Taxi (Mutaxi) y obtuvo su licencia en 1985. Legalmente, cada venta o transferencia debe contar con la aprobación municipal, que recibe por la transacción 120.000 pesetas. Fuentes oficiales indicaron que anualmente se registran unos 1.000 cambios de titularidad, la mayoría de ellos por compra-venta.

Este comercio de licencias puede advertirse en las páginas de avisos clasificados de algunas publicaciones. Uno de ellos, bastante llamativo, ofrece "taxis varios, jubilados o licencias solas". Otro anunciante, domiciliado en Doctor Esquerdo, figura simultáneamente en las secciones de oferta y demanda de taxis. Un tercero anuncia: "Compro o subarriendo taxi a pesar de que está expresamente prohibido el subarriendo.

Este mercado incontrolado ha permitido que el precio de los taxis con licencias -las cuales fueron adjudicadas gratuitamente hace años- alcance sumas de hasta cinco millones de pesetas. Si, como informa el Ayuntamiento, se producen unos 1.000 cambios de titularidad al año, y estimando en cien el número de transferencias por herencia, operación ésta que no entraría en el mercado de compra-venta, quedan 900 transacciones. Asumiendo que el precio de la licencia es de cinco millones de pesetas, estaríamos frente a una bolsa que mueve anualmente unos 4.500 millones.

Fuentes del Ayuntamiento han manifestado: "Estamos en una sociedad capitalista, de oferta y demanda", y dicen que a la Administración no le importa el precio que adquiera la licencia en el mercado "mientras la transacción se ajuste al reglamento".

Juan Sánchez, secretario general del taxi del sindicato CCOO, al que está afiliada la mayor parte de los asalariados, replica que "si estamos en una sociedad capitalista, ¿por qué no le otorgan la licencia a quien la pida, de manera que haya una libre competencia?".

La falta de una legislación más rígida ha permitido que, mientras un número creciente de asalariados pugna por conseguir una licencia, hay quienes han acumulado una auténtica flotilla, muchas veces en forma lícita, como la familia Chimeno. José Chimeno posee a su nombre seis licencias, y otras, cuyo número no pudo ser confirmado, están repartidas entre familiares. Otro caso de acumulación detectó la inspección realizada en 1985 a la empresa de Juana Fernández Sosa, denunciada por diez conductores que no estaban de alta en la Seguridad Social.

Actualmente hay 60.000 personas con cartilla para conducir taxi. De ellas, 15.500 tienen licencia de taxi, y otras (entre 3.000 y 6.000) trabajan como asalariadas, muchas veces contratadas en forma irregular.

Joaquín Mata Hernández, llamado Comandante porque al parecer fue militar, ha empleado a algunos asalariados por el método del "50%" (sólo ganancias y gastos compartidos). A Mata ya le retiraron, en 1978, dos licencias durante seis meses, al descubrirse que eran conducidas por personas que no cumplían los requisitos exigidos por el reglamento.