Los salarios pueden crecer más que el IPC, según CEOE

Para medios de la patronal CEOE, los objetivos que se perfilan resultan factibles y compatibles con aumentos salariales superiores al 3% de inflación esperada, mientras que los sindicatos prefieren de momento no pronunciarse. Según José Folgado, director de Economía de la patronal, el "4% es factible también en 1988, siempre y cuando la política de concertación logre antes un consenso expreso o tácito sobre el comportamiento para los tres próximos años de las rentas salariales y empresariales, sobre el marco para la inversión pública y privada y sobre una flexibilidad laboral que tenga en cuenta la necesidad tanto de crear como de destruir empleo que registran en cada momento las empresas".

"Aunque es vital para mantener el proceso inversor que los salarlos reales crezcan por debajo de la productividad", apuntó Folgado, "también el citado objetivo de un 4% requerirá evitar la caída de la tasa de aumento del consumo privado, para lo cual podrían admitirse aumentos de salarios nominales algo por encima de la inflación esperada".

"Una política más decidida e, incluso agresiva de fomento de las exportaciones y promoción de las inversiones en el exterior", dijo también, "contribuiría a reequilibrar el sector exterior y a que las fuertes entradas de divisas no provoquen problemas de control monetario".

Por su parte, Miguel Ángel Ordóñez, secretario de imagen de la UGT, prefirió no pronunciarse hasta ver los presupuestos y el razonamiento que los acompañe. Pero recordó que la idea del sindicato socialista es no reducir la necesaria concertación social a principios generales, sino concretar un amplio temario que sirva para realizar el objetivo principal de crear empleo y de aspirar a unas condiciones sociales similares a las disfrutadas por los trabajadores en la CE.

Fuentes de CC OO se remitieron a las ponencias presentadas para su IV Congreso Confederal, una de las cuales señala que los presupuestos del Estado deben contener los clementos claves para una política económica progresista orientada a "un reparto de la renta nacional favorable a los trabajadores, que impulse el papel del sector público como creador de riqueza y empleo e intervenga para corregir las desigualdades sociales".