Una bala en la nuca

EL CONOCIMIENTO de que el cuerpo de Lucía Urigoitia, miembro de ETA, que resultó muerta durante una operación antiterrorista en San Sebastián, presenta un impacto de bala a bocajarro y en la nuca abre graves interrogantes respecto al comportamiento policial. Estas interrogantes explican, a su vez, la celeridad del juez de instrucción en tomar declaración al resto del comando detenido, celeridad que ha sido criticada sin fundamento alguno por el Ministerio del Interior.La responsabilidad legal en la que haya incurrido el autor material de la muerte de la etarra debe ser determinada por los tribunales, y sería precipitar acontecimientos emitir un fallo sobre ello. La posibilidad de que la terrorista haya sido rematada cuando estaba en el suelo, en un acto de nerviosismo por parte de algún número de la Benemérita, debe ser. investigada. La presión a la que las fuerzas de seguridad vienen siendo, sometidas en Euskadi -ayer mismo, un coche bomba hizo explosión frente al cuartel de Éíbar- explicaría actitudes incontroladas del género de la que ha podido llevar a la muerte a la presunta terrorista; pero, explicándolas, ni las justifica en absoluto ni pueden evitar el castigo ejemplar que merece quien sea hallado culpable tras un juicio en regla.

Por lo demás, nada de eso explica, en cambio, las incontroladas declaraciones del gobernador civil de San Sebastián, las presiones sobre la judicatura, que trata de cumplir con su deber en el País Vasco, y la ignorancia en la que, al parecer, se ha mantenido al Gobierno sobre las circunstancias de los hechos por parte de los mandos de las fuerzas de orden público. Si la defensa de la vida y la dignidad humana, incluso en el caso de delincuentes de la calaña de los terroristas, debe ser ejercida siempre por las autoridades del Estado, los intentos desde sectores de los institutos armados por secuestrar la voluntad del poder Ejecutivo a este respecto deben ser abortados tajantemente.

El Gobierno se encuentra hoy sometido a serios acosos -empezando por el propio acoso terrorista- que tratan de debilitarle. No es ajeno el propio Gobierno a. la naturaleza de ese asalto, en parte fruto de sus errores, sus arrogancias o sus precipitaciones. Pero sigue siendo el Gobierno apoyado por la absoluta mayoría de los ciudadanos españoles, representante de la, voluntad de éstos y símbolo de un sentido de renovación democrática, consistentemente combatido por las fuerzas reaccionarias y la prensa de la caverna. No cabe la más mínima duda de que las irresponsables declaraciones que desde el Ejecutivo han querido desprestigiar al aparato judicial, y la pusilanimidad, del ministro de Justicia en su respuesta, contrihuyen a esta situación, que desfigura el verdadero perfil del proyecto socialista y que es utilizada ampliamente por fuerzas y sectores que ya enmascaran mal su añoranza de los viejos tiempos.

La virulencia del ataque terrorista sólo puede ser contestada desde la confianza social y desde la eficacia de los gobernantes. Millones de votos han depositado esa confianza, y repetidamente, en el partido de Felipe González. No es un acto gratuito, y esto debe entenderlo la oposición, pero también el Gobierno. Las características esenciales que han definido a éste y a su presidente han sido la oferta, y en muchos casos la consecución, de una transparencia nueva y difícil para la sociedad, española. Sigue siendo, la violencia criminal de ETA la primera amenaza contra esos proyectos de transformación. Pero no es la única. La respuesta convulsiva del terrorismo de los GAL o la lenidad y el descontrol de los institutos armados por parte del Ejecutivo contribuyen también a la desestabilización. Y ésta es alimentada, además, por los portavoces de la nostalgia.

Le sobran recursos, y puede estar seguro de que también apoyos, al presidente del Gobierno para resolver los graves problemas de este género en los que se ve envuelto el país, precisamente en un momento en que los indicadores económicos y la promesa de un acuerdo social permitían alegrar el horizonte de nuestra convivencia. Sin duda, Felipe González tiene en mente las similitudes que la situación actual guarda con el famoso caso Arregui (febrero de 198 l), que desencadenó el enfrentamiento entre los ministros de Justicia (Fernández Ordóñez) e Interior (Rosón) de la UCD y desató un descrédito policial, merecido, pero tan extendido, también, que sirvió de caldo de cultivo al golpismo, que se hizo patente ese mismo mes. Todas estas consideraciones, en las que la presencia en el Gabinete, esta vez como ministro de Exteriores, de uno de los protagonistas de aquellos hechos puede ayudar a la meditación, han de ser tenidas en cuenta a la hora de un balance de situación tan sereno como, sea posible. Pero ninguna de ellas empaña la pecesidad de la aplicación de la ley contra todo el que la infrinja, y la exigencia a los servidores del Estado de ser especialmente rigurosos con su propio cumplimiento de las normas.

El Gobierno debe informar claramente sobre las circunstancias de lo sucedido en San Sebastián y, al .margen los procedimientos judiciales, ser consecuente con la exigencia de responsabilidades administrativas y políticas. No sólo por la comisión de los hechos, sino por la ocultación de los mismos, si ésta se comprobara.