El Ejecutivo confía en que la actuación del juez aclare los hechos

El Gobierno considera que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Juan Piqueras; el fiscal, y los dos médicos forenses que acudieron anteayer al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en la capital guipuzcoana, para interesarse por el estado de nueve presuntos etarras detenidos durante la madrugada anterior, "interrumpieron la investigación policial, porque es de sentido común saber la importancia que tienen las declaraciones en las primeras horas de detención", según el portavoz del Gobierno, Javier Solana, que dijo "respaldar absolutamente" las palabras del gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi, en este mismo sentido. El Gobierno confía en' que la actuación del juez "aporte luz a la investigación".El juez Juan Piqueras, el fiscal de la Audiencia Provincial Daniel Zubiri y dos médicos forenses se personaron sobre las diez de la mañana en el cuartel de Intxaurrondo para interesarse por el trato que estaban recibiendo unos detenidos el día anterior, presuntos integrantes de un comando de ETA.

El gobernador civil, José Ramón Goñi, declaró ayer, según recoge Europa Press, que el juez pidió a las fuerzas de seguridad que le dejaran solo con los detenidos. "Las fuerzas de seguridad han sido obedientes al poder judicial, pero tengo que decir que a partir de ese momento en que se quedaron solos con el juez ya no pudimos realizar ninguna investigación más", dijo Goñi.

Solana, en la habitual conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, tenía preparado para leer ante los informadores el artículo 395, punto 1, de la ley orgánica del Poder Judicial: "No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido dirigir a los poderes autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del poder judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial".

Al terminar su lectura dijo "Sin comentarios". Preguntado sobre si de este artículo se desprendía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía sancionar o estudiar las declaraciones de algunos jueces sobre el ministro del Interior, Solana dijo al informador que le requería su opinión: "Eso lo ha dicho usted". No considera que este nuevo incidente contribuya a la crisis entre los ministros de Justicia e Interior.

Solana quiso poner de relieve el interés del Gobierno en resaltar "el éxito policial" que condujo a la detención del comando Donostia, así como en alabar "el relato objetivo de los hechos" que realizó el gobernador civil. "No entro en calificar de conveniente o no la actuación del juez, el fiscal y los dos forenses, pero sí quiero resaltar el buen comportamiento de las fuerzas de seguridad que fueron desalojadas por el juez".

Según el ministro, "todos los que saben de la lucha antiterrorista" conocen, "por sentido común", la importancia de las primeras horas de detención de presuntos etarras, por las declaraciones que realizan. Pregunta do sobre si, a su juicio, con la actuación del juez se habría perdido información útil para la lucha antiterrorista, contestó: "Nunca lo sabremos".