Ledesma afirma que los jueces necesitan el apoyo de los otros poderes del Estado y la sociedad

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, mostró ayer su respaldo a los jueces al declarar que "necesitan el apoyo de los otros poderes del Estado y de toda la sociedad, por la esencial misión que desempeñan". Ledesma calificó ayer de "locura" la posibilidad de suspender algún derecho constitucional como medida para luchar contra el terrorismo. Ledesma se negó reiteradamente a responder de forma directa a las preguntas de los periodistas, al término de una reunión con los decanos de los colegios de abogados prevista desde hace dos meses, sobre las opiniones del ministro del Interior, José Barrionuevo, según las cuales la justicia funciona peor que nunca.

El titular de Justicia, Fernando Ledesma, al finalizar una reunión con los decanos de los colegios de abogados de España para presentarles la ley de Bases de la Reforma Procesal, aseguró que la cohesión del Gobierno y de la sociedad en la lucha contra el terrorismo "es total y absoluta, porque ambos coinciden en la gravedad que significa el terrorismo, y que hay que afrontarlo con medidas penales graves pero de acuerdo a las reglas y a las conductas de un Estado de derecho", dijo el ministro. Fue imposible, no obstante, que Ledesma respondiera directamente a las declaraciones del ministro del Interior, José Barrionuevo. Fernando Ledesma, en su análisis sobre la justicia, señaló que hay una crisis de crecimiento de la demanda por parte de la sociedad y ello hace necesarias las reformas. "Los problemas los tenemos bien diagnosticados, las soluciones son conocidas y es responsabilidad de todos llevarlas a cabo", afirmó. Este ministro justificó su hermetismo respecto a las declaraciones de Barrionuevo por "sentido de responsabilidad política y por solidaridad gubernamental" que le imponen no comentar las declaraciones de su compañero de Gabinete. "Lo correcto es no hacer valoraciones positivas ni negativas".

La trayectoria como pista

Ledesma añadió que su trayectoria democrática da la pista sobre sus opiniones. "En el recorrido vital de cada uno hay suficientes datos como para saber qué pueda pensar cada cuál de determinados asuntos importantes. Mi trayectoria, mi vida antes y durante el Gobierno, pueden hacer ver lo que pienso", declaró. El titular de Justicia también respondió implícitamente a las llamadas realizadas por Barrionuevo a los medios de comunicación para que actuaran con responsabilidad, así como a los jueces que critican las acciones de su departamento.

Estos requerimientos han sido considerados inconstitucionales. "La posibilidad de suspensión de algún derecho constitucional es una locura y un disparate", dijo Ledesma, no sin asegurar que todos los miembros del Gobierno están convencidos de que al terrorismo se le combate dentro de las reglas democráticas.

El subsecretario de su departamento, Liborio Hierro, fue más explícito y señaló que las declaraciones de Barrionuevo no le habían gustado pero que había que entenderlas en el contexto en que se produjeron, que fue el atentado de Hipercor. "Discrepo de lo que ha dicho Barrionuevo, pero me siento muy cercano a él", dijo Liborio Hierro a Efe. El subsecretario de Justicia pidió que "la cortina de humo" levantada por las declaraciones del ministro del Interior no debía distraer de lo verdaderamente importante, cual es el grave problema del terrorismo.

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se reunió ayer con los decanos de colegios de abogados de España, encabezados por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, según compromiso contraído hace dos meses para estudiar la reforma de los distintos procedimientos, civil, penal, contencioso administrativo y laboral, que se plasmará en una ley de bases.

Entre las novedades avanzadas figuran la potenciación del arbitraje para los procesos civiles y laborales. En lo penal se primará el proceso oral, con la implantación del Jurado, y el ministerio fiscal tendrá más protagonismo, no sólo en la instrucción del sumario sino también en la investigación del delito.

Otros aspectos de la reforma son la descriminalización de algunas conductas, como los delitos de tráfico para darle un tratamiento administrativo.