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El Ejército ocupa las calles de la capital de Panamá

Antonio Caño

La Iglesia y la oposición panameña acusaron ayer al Gobierno de haber impuesto un estado de emergencia de hecho con la implantación de estrictas medidas de control para evitar nuevos actos de protesta contra el régimen. Retenes militares controlan el movimiento de personas y automóviles en distintos puntos de la ciudad en vísperas de una semana en la que se esperan más acciones anti y progubernamentales.

El principal dirigente opositor, el democristiano Ricardo Arias Calderón, denunció que la actuación policial, la prohibición de manifestaciones, las detenciones masivas y los controles militares instalados en las calles "suponen de hecho la suspensión de las garantías constitucionales". En los mismos términos se expresó ayer en una homilía la máxima autoridad de la iglesia católica, el arzobispo de Panamá, Marcos McGrath, quien lamentó la actuación de los militares, que calificó de "innecesaria y exagerada" y de la que dijo que había "hecho mucho daño" al país. "Lo que más nos preocupa", añadió, "es la cantidad de arrestados, en varios casos de personas que no tenían nada que ver con la marcha y que pueden ser condenados a meses sin realmente poder defenderse".El jefe del ejército, general Manuel Antonio Noriega, mientras tanto, mantuvo una reunión en la tarde del sábado con los miembros del Estado Mayor para preparar una manifestación esta semana de apoyo a las fuerzas de defensa. Fuentes militares dijeron a EL PAÍS que existe actualmente consenso para que esa manifestación se lleve a cabo, aunque para ello el presidente, Eric Arturo Delvalle, deberá suspender el decreto que prohibe actualmente todo tipo de concentraciones callejeras.

Las mismas fuentes indicaron que se están estudiando los medios para que esa manifestación, en la que los militares y los partidos que les apoyan pretenden reunir 300.000 personas, no de lugar a ataques contra intereses norteamericanos o de partidos de oposición. Una manifestación progubernamental celebrada hace diez días terminó con una concentración ante la Embajada de Estados Unidos, que fue apedreada y regada con botes de pintura.

El número total de detenidos desde los graves disturbios del pasado viernes puede ascender, según distintas fuentes, a unos 300, aunque muchos de ellos han sido ya puestos en libertad. Fuentes policiales indicaron ayer que entre los detenidos se encuentra un soldado de la fuerza aérea norteamericana destacado en el Comando Sur, con base en Panamá.

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos han comunicado, por su parte, que están tratando de obtener datos sobre la posible detención de otros ciudadanos norteamericanos. Durante los disturbios del viernes fueron detenidos cuatro estadounidenses y un belga, al parecer, por causas ajenas a la protesta. Según se informó entonces, los cinco fueron liberados posteriormente. Los 20.000 hombres que Estados Unidos tiene en Panamá para la vigilancia del Canal han sido puestos de nuevo en estado de alerta Alfa, lo que les obliga a no trasladarse a la ciudad o hacerlo con autorización y precauciones.

El sábado se llevaron a cabo nuevas detenciones de personas que se sumaban a la protesta tocando las bocinas de sus coches y agitando pañuelos blancos. Entre ellos, el hijo de Ricardo Arias, que fue liberado horas después. Ese día la policía tuvo que intervenir también contra grupos aislados de manifestantes que intentaron cortar el tráfico en algunos puntos de la ciudad. El motor de esta protesta, la Cruzada Cívica -coalición dirigida por las fuerzas empresariales- se reune hoy para planificar los actos de la semana, entre los que se prevé una nueva concentración callejera mañana. Ricardo Arias opina, sin embargo, que "ahora es de esperar una pausa y luego una recuperación de la actividad de protesta a medida que la semana avance".

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El dirigente democristiano reiteró ayer que no hay en marcha ninguna negociación con el Gobierno, ni con sectores concretos de poder. Aunque fuentes diplomáticas estiman que miembros del Gobierno han ofrecido a la oposición un diálogo sobre la base de elecciones libres en 1989 y la sustitución en este momento del general Noriega, el líder opositor insiste en que la negociación no puede establecerse sin la dimisión previa del jefe del ejército.

Según las mismas fuentes, círculos empresariales y la Embajada de Estados Unidos han favorecido en los últimos días un diálogo entre la oposición y el presidente Delvalle, quien ha tenido varios gestos de distanciamiento de Noriega. Ricardo Arias opina al respecto que, aunque "Delvalle se siente que ha llegado al límite de su dependencia", no se han dado pasos en ese sentido. El presidente, por su parte, hizo ayer público un comunicado en el que elogia el comportamiento de las fuerzas de defensa durante los sucesos del pasado viernes.

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