Los médicos dudan que los vigilantes les protejan de los 'yonquis'

El Colegio de Médicos de Madrid ha acogido con escepticismo, aunque lo considera una "medida positiva", el plan de la dirección provincial del Insalud de dotar de vigilantes jurados a los ambulatorios situados en zonas peligrosas ante las crecientes agresiones y amenazas de yonquis a médicos, particularmente a los neuropsiquiatras, según Martín Granda, miembro de la junta de esa entidad.Este facultativo puso se relieve que entre los médicos existen dudas de que los vigilantes jurados sean capaces de impedir las agresiones que la policía no ha logrado evitar, como ocurrió el pasado 27 de junio en el ambulatorio de San Blas, donde una doctora fue atacada por dos yonquis que le exigían que les recetara psicotrópicos.

Por lo demás, Martín Granda sostiene que el colectivo de drogadictos debería ser desviado a centros especiales para evitar que el resto de los ciudadanos comparta consulta con ellos en los ambulatorios.

Los facultativos se ven sometidos a un creciente acoso por los drogadictos para que les receten tranquilizantes como Buprex, Rohipnol o Padillan. Estos hipnóticos son utilizados para combatir el síndrome de abstinencia y sus envases de 20 comprimidos alcanzan un precio de 30.000 pesetas en el mercado negro.

La última agresión producida, tercera en lo que va de año, la sufrió en el ambulatorio de San Blas el pasado sábado la doctora María Angela Ceballos, a la que dos drogadictas golpearon y patearon ante su negativa a recetarles estos fármacos. A raíz de ese suceso, el Colegio de Médicos de Madrid -véase EL PAÍS del 1 de julio- amenazó con recomendar a sus afiliados que no atendieran "consultas peligrosas".

Esta protección, según el Insalud, ya ha sido establecida en los ambulatorios de Villaverde y Montes de Barbanza (Vallecas), y en breve se impondrá en el de Hermanos García Noblejas (San Blas) y Sierra de Alquife (Vallecas). Fuentes del Insalud informaron que cada mes se produce una docena de amenazas de yonquis a médicos por este motivo. La Administración atenderá peticiones de traslado de facultativos que se sientan especialmente identificados y amenazados por drogadictos.