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Jueces para la Democracia apoya el derecho de Claudio Movilla a la libertad de expresión

La Asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales de Andalucía difundieron ayer un comunicado de apoyo a las manifestaciones del presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, Claudio Movila, en el sentido de que "el Ministerio de Justicia es un cachondeo", en referencia a su deficiente funcionamiento. Para estos colectivos, Movilla no ha hecho más que ejercer "el derecho de libertad de expresión".Respondiendo al subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, que había expresado su "perplejidad" ante las manifestaciones de Movilla, el portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, recordó asimismo que "los jueces y magistrados pueden ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión y de crítica con idéntica amplitud", dijo, "que cualquier otro ciudadano".

Estas dos asociaciones judiciales lamentan que "el Ministerio de Justicia no impulse las nuevas leyes que se necesitan para que la justicia sea más rápida y eficaz". Respecto a la palabra "cachondeo", señalan que en el lenguaje coloquial andaluz significa "mal funcionamiento" y que, como muestras del mismo, "hay más de 500 juzgados vacantes en toda España, provistos de jueces sustitutos, a los que el Ministerio de Justicia no paga desde el mes de enero", así como que en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla son más de 40 los que se hallan en esta situación. Afirman también que el sistema informático no funciona en verano debido al calor y que durante la huelga de funcionarios del ministerio no se establecieron servicios mínimos hasta el final de la misma.

El portavoz de Jueces para la Democracia añadió también, por su parte, que los miembros de la carrera judicial "están especialmente legitimados para criticar el funcionamiento de la justicia y también (aunque esto parezca doler al señor subsecretario) para criticar el funcionamiento del Ministerio de Justicia, precisamente por conocer y, en ocasiones sufrir, uno y otro". Consideró asimismo que "existen ciertos cargos y, entre ellos el de presidente de Audiencia Territorial, por su carácter no sólo judicial, sino también político, desde los cuales hacer política judicial ya no es sólo una opción legítima, sino que en muchas ocasiones es una elemental obligación ética".

El portavoz de Jueces para la Democracia mostró también su sorpresa ante "la extraña concepción política que parecen revelar las manifestaciones del señor subsecretario, al parecer reservar, en exclusiva, para uno de los poderes del Estado -el Ejecutivo- y para una determinada categoría de ciudadanos -los políticos- el monopolio de la crítica".

Los jueces y fiscales que ayer respaldaron a Claudio Movílla señalan igualmente que en la Audiencia Territorial de Sevilla "hay personas que les gustaría que no fuera presidente porque creen que los jueces deben de callarse". Como dato significativo del carácter conservador ¡mperante en esa audiencia, indican que, pese a existir una instrucción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sustituir el antiguo escudo de España de la fachada principal (el águila con el yugo y las flechas), "aún no se ha eliminado".

Estas asociaciones afirman sentirse afines a Movilla, "pero no políticamente, sino para trabajar más y mejor", y añaden que su llegada ha traído "nuevos aires".

Juicio por torturas

Por otra parte, y según informa Aurora Intxausti desde San Sebastián, en relación a la información publicada el viernes en el diario Abc, los integrantes del tribunal que ha juzgado la semana pasada en San Sebastián a cinco guardias civiles por presuntas torturas a Juana Goicoetxea, presidido por Joaquín Giménez y los magistrados Pablo Pérez Rubio y Javier de la Hoz y de la Escalera, han hecho pública una nota en la que rechazan "las insinuaciones referentes a la existencia de presiones en el tribunal que puedan hacer dudar de su independencia e imparcialidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de junio de 1987