La anunciada libertad de expansión enfrenta a las cajas

La anunciada libertad de expansión de las cajas de ahorro, en especial fuera de sus regiones de origen, divide de nuevo a las 77 entidades que forman el 40% del sistema financiero con mayor intensidad que en el verano de 1985, según diversos directivos consultados. Entre bastidores, durante la asamblea general ordinaria que han celebrado desde el martes hasta el jueves pasados, se ha vivido una dura polémica a propósito del intento de La Caixa y Cajamadrid de convocar una asamblea extraordinaria para lograr la vía libre, frustrada hace dos años por el resto del sector.El incidente que ha calentado los ánimos fue el acuerdo alcanzado hace algunas semanas entre La Caixa y Cajamadrid, con el respaldo de las autoridades monetarias, para quedarse con la Caja Rural de Palencia. Contra esta oferta se alzó el conjunto de las cajas de ahorro de Castilla y León, radicalmente opuestas a que la operación sea aprovechada por las dos grandes entidades para cerrar las oficinas que adquieran en la provincia de Palencia y abrir otras bajo sus respectivas firmas en las principales ciudades de dicha comunidad.

Aparte de recabar el apoyo del Gobierno de Castilla y León, las cajas afectadas enviaron una representación a hablar con el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Según las versiones recogidas, éste les manifestó la inconveniencia de resistirse a los proyectos de La Caixa y Cajainadrid, porque les dijo que en breve plazo serían modificadas las normas que limitan la expansión geográfica.

El ministro lo confirma

Los proyectos para liberalizar la apertura de oficinas -actualmente, 11.300- iban a ser confirmados oficialmente por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien el pasado jueves anunció, en la clausura de la 55ª asamblea general ordinaria de las cajas, que tal libertad sería un hecho cuando termine el actual proceso de renovación de los órganos rectores del sector, en otoño próximo.Con el respaldo de estos proyectos, en el último Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), celebrado con motivo de la asamblea, las grandes cajas han tratado de forzar la convocatoria de una asamblea general extraordinaria durante este mismo verano para replantear las decisiones corporativas de hace dos años. En aquella ocasión, la apertura de tiendas de servicios financieros por parte de La Caixa, bajo el nombre de Grup-Caixa, provocó un amplio debate, que culminó en una asamblea extraordinaria donde las cajas pequeñas log-aron detener los proyectos expansivos de las grandes. Desde entonces, éstas han centrado su expansión territorial en la compra de una decena de cajas rurales en dificultades, vía que ahora ve agotada.

Pese a que la mayoría expresada entonces parece algo resquebrajada por los argumentos de las autoridades monetarias y por la nueva disposición de algunas cajas medianas, el Consejo de Administración de la CECA ha tratado de restablecer la unidad mediante la decisión de buscar propuestas de consenso anteis de convocar otra asamblea.

Para ello se ha formado un grupo de trabajo que intente pactar durante este verano fórmulas de expansión controlada. Participarán en el grupo representantes de cajas grandes, medianas y pequeñas: La Caixa, Vigo, Burgos, Inmaculada de Zaragoza y Ceuta.

No obstante, frente a los argumentos de las cajas grandes y de las autoridades en el sentido de que hay que anticiparse a la libertad de establecimiento prevista desde 1992 por imperativo de la Comunidad Europea (CE), las medianas y pequeñas replican que las cajas de países comunitarios no suelen abrir sucursales fuera de sus regiones y países de origen.

En este esfuerzo de persuasión se sienten respaldadas por gran parte de los Gobiernos regionales y de las corporaciones locales, más influyentes en la medida en que avanza la renovación de los órganos rectores y proclives a impedir que el ahorro de las comunidades con menores recursos sea invertido en otras zonas a través de la libertad de expansión.