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Tribuna:

Democracia y corrupción

No hay sociedad sin su cuantía de corrupción en el plano de los intercambios sociales, es decir, de la que se denomina corrupción social. A cada forma de gobernación corresponde una cuantía e incluso una cualidad de corrupción, así como determinadas posibilidades de señalamiento y corrección. En último término, la corrupción a que me refiero consiste en la utilización de los mecanismos delegados de poder, que inevitablemente conlleva un puesto de gobierno en beneficio personal o del grupo; esto es, la corrupción derivada de una forma política determinada. Una sociedad a la que pudiéramos calificar sociopolíticamente de decente no sería tanto aquella en la que no existiera posibilidad de corrupción, dado que siempre ha de acontecer alguna, sino en la utilización de mecanismos adecuados de corrección que adquirieran carta de naturaleza, es decir, que fueran perfectamente usuales, nada extraordinarios. Por consiguiente, determinada corrupción sería eliminada como se tapa un agujero, a sabiendas de que, tarde o temprano, habrá de aparecer otro, probablemente por otro sitio. Una sociedad precisa de su mantenimiento, como los edificios, como el organismo, y la pretensión de que de una vez por todas se logre prescindir del mismo es una pretensión utópica y, cuando menos por esta vez, retrógada.No sólo se puede asegurar que ha de existir siempre un coeficiente: de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, secuela de la necesaria confianza que se ha de depositar en los que gobiernan, y en la medida en que los controles de los mismos no pueden ser tales como para provocar la parálisis de la función, sino que además debe existir. Si no existiera, habrían de crearse los mecanismos para que dicha corrupción se diera, pues en el primer caso se trataría de una sociedad tan eficazmente restrictiva que impediría la corrupción a costa de algo mucho peor que la corrupción misma, a saber, la imposibilidad de opción, la pérdida de libertad incluso en el segmento, invisible por puramente mental, que constituye el proyecto de la acción. Llevar a cabo una acción es, a fin de cuentas, resultado de una opción, lo mismo si la acción es de una índole o de otra. Una imposibilidad de optar es 1984, de Orwell, lo cual es sobremanera indeseable, aunque fuera para obtener pasivamente el reino de los cielos, en la medida en que no habría opción ni siquiera para irse al de las tinieblas. La paradoja estriba en que sociedades que aspiran a la pureza sociopolítica, hasta el punto de inhibir toda opción que no sea la que consideran socialmente deseable, alcanzan el máximo de corrupción, y ésta se les cuela por la puerta falsa al obligarse a dejar hacer, es decir, a corromperse a los cuidadores del sistema considerado puro. Es de este modo como una dictadura es un sistema socialmente corrupto, iniciado en el mejor de los casos con la rnayor buena fe. Y es además máximamente corrupto por cuanto pueden verificarse acciones de este tipo sin riesgo alguno, con tal de que se pertenezca el gremio.

Por esta razón, era improcedente la crítica, no el señalamiento, de las corrupciones habidas durante el anterior régimen. La corrupción era tan concordante con el franquismo como el rail para el tren, y el que ocurriera, junto a contribuir a la propia putrefacción del régimen, constituía un testimonio más de su indeseabilidad. Criticar para corregir la corrupción en una dictadura es imposible, incluso para el dictador, si es inteligentemente astuto, convencido de que en última instancia ha de sostenerse por sus partidarios, en este caso cómplices. Una crítica, por el contrario, parece implicar que la acción señalada como indeseable puede ser corregida para bien del sistema social que se considera intrínsecamente valioso. Mientras tiene lógica la crítica de una dictadura como sistema, es inconsistente la crítica de sus corruptelas, como si desaparecidas éstas pudieran hacer de por sí aceptable el régimen dictatorial.

Por tanto, una sociedad libre -dicho sea con toda suerte de relatividades, pero en términos que todos entendemos- ha de estar estructurada de forma tal que la opción a la corrupción sea pensable y factible la acción corrupta. Pero también, por la cuantía misma de libertad que en ella existe, se ha de derivar riesgo para el sujeto de esa acción, el riesgo de ser señalada y corregida. Es así como una sociedad de este tipo funciona lo más deseablemente posible: definiendo bien claramente las actuaciones públicas y, por supuesto, a los actores de las mismas, no tanto a los honestos cuanto a los deshonestos, puesto que los primeros lo son mientras no dejen de serlo (y cuentan con libertad para no serlo).

Cuando los perfiles de los hombres públicos que abusan del poder no pueden ser públicamente definidos en tanto que tales sin que ello comporte alguna suerte de perjuicio para los que advierten -lo que Ignacio Sotelo señalaba, de paso, al final de un artículo reciente en este periódico (EL PAIS, 24 de mayo), advirtiendo de las "desventajas personales" que conlleva una tarea de esta índole-, entonces puede decirse que algunos de los parámetros de esta sociedad son, más o menos encubiertamente, dictatoriales. Una democracia es ante todo la desmitificación del gobernante y, en consecuencia, la pérdida del miedo -del falso respeto que el miedo impone- al que nos gobierna, a conciencia de que en realidad no deberían tener poder, porque son simplemente gobernantes. Todo lo que un gobernante tenga de poderoso es ya abusivo, porque usa de su puesto gestor para cualquiera otra cosa que no sea estrictamente gobernar. Un gobernante debiera ser aquel que no pudiera, por fuera de la estricta tarea de gobernar, ni más ni menos que cualquiera otro ciudadano. Cuando el gobernante, además, puede es que el sistema sociopolítico lo hace posible, y entonces es, o tiende a ser, encubiertamente dictatorial y, en tanto que revestido de formas democráticas, un sistema en el que la corrupción es incorregible, esto es, una simulación de democracia. Lo que habitualmente se denomina vocación política no es muchas veces vocación de gobernante, sino de poderoso, y el sistema debe montar su alerta frente a estos tipos que abusarán de su poder en cuanto les sea posible.

Señalar las deficiencias del sistema y de los que lo usan y lo abusan es tarea que en realidad a todos compete. Se trata del ejercicio de una función cívica, en absoluto digna de ser sacralizada, tan natural como poner un ladrillo encima de otro, curar un grano, escribir una carta o llamar por teléfono. Ni la tarea crítica debe ser de excepción ni el crítico excepcional. Pero la tarea crítica debe incidir, más que en la denuncia de la corrupción, en la del fracaso de los mecanismos correctivos, porque ellos representan, en efecto, el fallo estructural del sistema. De aquí que más grave que la delincuencia de a pie sea la que se verifica desde los estamentos de gobierno, y, de ellos, la más grave de todos sea la del estamento judicial.

Conviene asumir el hecho de que la función crítica, en una sociedad democrática, ha de estar despojada de actitudes heroicas. Por eso, malque les pese a los vocados de histrión, en una sociedad democrática no hay espacio para ese tipo de heroísmo quevediano consistente en decir lo que se piensa, cualquiera sea su riesgo. Si el que gobierna no puede hacer otra cosa que gobernar, y está relativamente desvalido ante la tentación del abuso, ¿qué clase de héroe es aquel que le permite sin peligro alguno usar de la libertad para decir? Lo que de verdad precisa una democracia es de mentes que utilicen la agudeza y el arte de ingenio en el análisis de la situación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de junio de 1987