Huelga la justicia

YA NO caben casi sorpresas para los ciudadanos en lo que respecta al funcionamiento -por decir algo- de la Administración de justicia en España. Los ciudadanos tienen derecho a pasar de la irritación a la inhibición, y viceversa, ante el espectáculo de la huelga de funcionarios de juzgados. Pues haya sido su seguimiento escaso, como afirma el Ministerio de Justicia, o masivo, como aseguran los sindicatos convocantes, es difícil creer que ésta haya podido agravar más de lo que ya está el normal funcionamiento de la justicia en España.Ni el justiciable ha podido sentirse en real¡dad en estos dos días peor atendido que de costumbre, ni los asuntos se han acumulado más de lo que ya están, ni el retraso en la práctica de diligencias se ha hecho notar de una manera especial. Es imposible que esta huelga haya sido capaz de deteriorar aún más una situación que ha vuelto a ser descrita de manera expresiva y certera -ésta vez, por un cualificado miembro del Poder Judicial- como de "cachondeo".

Determinar con exactitud las funciones que corresponden a cada una de las categorías de los funcionarios judiciales y fijar su adecuada retribución económica es una de la condiciones indispensables para que comience a funcionar correctamente la justicia. La dejación histórica de algunas de las funciones propias de los jueces en manos de los oficiales y secretarios llegó a crear una situación de hecho que antes era sobrellevada merced a las corruptelas económicas que posibilitaban o por simples razones de consideración social. Ahora esta situación ha cambiado felizmente tras la campaña contra la corrupción auspiciada desde las áreas del Ministerio de Justicia. Por eso, tienen toda la razón los sindicatos de funcionarios al exigir la máxima clarificación en las funciones que legalmente les corresponden, aunque la actitud diligente que ahora muestran en sus reivindicaciones de tipo profesional y económico se haya echado en falta en el pasado para denunciar las prácticas corruptas de algunos de sus afiliados.

Por lo que parece, el ministerio se muestra conforme con clarificar quién es quién enla Administración de justicia y en asumir el coste económico que ello conlleva, aunque alega la imposibilidad presupuestaria de que surta efecto a partir de junio de este año como pretenden los sindicatos. Causa verdadero asombro que las partes negociadoras hayan sido incapaces de superar este escollo eminentemente formal y no se haya evitado la huelga que, si bien es cierto que no ha causado a los ciudadanos más desatenciones graves que las de costumbre, no deja de causar nuevos daños a la imagen pública de la justicia.

El ministerio argumenta que las retribuciones medias de los funcionarios judiciales superan las que perciben los del resto de la Administración pública. Es verdad, pero no lo es menos que el ritmo y el volumen de trabajo de los órganos judiciales son infinitamente mayores, que los que existen en el ámbito administrativo normal. Y la naturaleza del trabajo judicial conlleva con frecuencia la necesidad de sustituciones, habilitaciones o prolongaciones de jornada laboral que, hasta ahora, o no son retribuidas en muchos casos o lo son insuficientemente.

Es cierto que los males de la justicia son en muy buena parte imputables a la desidia de los jueces y a la falta de diligencia de los funcionarios. Pero en los últimos años muchos de estos defectos se han corregido. La responsabilidad fundamental es de quien tiene en su poder la llave de los presupuestos y acapara celosamente las competencias sobre los planes del futuro de la justicia, es decir, el Gobierno. Y desde hace algún tiempo, la política judicial de éste brilla por su ausencia, incapaz como es de impulsar hasta sus últimas consecuencias el desarrollo del nuevo marco alumbrado por ley orgánica del Poder Judicial.