Los abogados chilenos piden que un juez especial investigue la matanza de 12 opositores

El Colegio de Abogados de Chile solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia que designe un juez especial que investigue la muerte de 12 personas, el lunes y martes pasados, en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Una petición similar será presentada formalmente en los próximos días por siete organismos defensores de los derechos humanos. Manifestaciones en Santiago y Concepción para protestar por las muertes de los presuntos militantes del izquierdista. Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) terminaron con 10 heridos y más de 40 detenciones.

Los abogados, en el documento presentado ante el tribunal, señalan que "el país ha sido conmocionado por nuevos sucesos aberrantes, como es la muerte violenta y prácticamente símultánea de 12 chilenos", y pone el énfasis en que el colegio profesional no puede dejar de sentirse afectado por la "dramática vulnerabilidad" del derecho a la vida en Chile.Al mismo tiempo, el arzobispado de Santiago, en una declaración pública, pide una urgente y exhaustiva investigación y que se entreguen a la opinión pública todos los antecedentes que permitan establecer responsabilidades. El secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Sergio Contreras, calificó la muerte de estas 12 personas como "un obstáculo muy serio a la reconciliación y un golpe a la nación en todo orden". Añadió que es inaudito que se produzcan matanzas de esa magnitud sin ofrecer una muy clara información de las circunstancias.

El Partido Demócrata Cristiano (el más importante de la oposición) aseguró que el "Gobierno ha usado, una vez más, las armas con máxima dureza contra sus adversarios". Precisó que la versión oficial es contradictoria y no corresponde a las declaraciones de testigos, y que la voluntad de conducir al país hacia una evolución pacífica queda desmentida.

Diez estudiantes universitarios heridos y más de 40 personas detenidas en Santiago y Concepción (500 kilómetros al sur de la capital) fue el resultado de las manifestaciones que se produjeron el miércoles en protesta por las 12 muertes de supuestos militantes del FPMR, el grupo izquierdista que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986. Los incidentes más graves ocurrieron en Concepción, donde se realizó una huelga universitaria de 24 horas, con ocupación de las principales facultades. Tras una masiva asamblea en el recinto universitario, los estudiantes intentaron efectuar una marcha hacia el centro de la ciudad, y fueron dispersados por policías antidisturbios que dispararon balines y utilizaron mangueras para lanzar agua y productos químicos. El enfrentamiento duró casi cinco horas.

Protesta ante la Moneda

En la capital, las manifestaciones ocurrieron en varios puntos. Al mediodía, unas 200 personas partieron desde la Biblioteca Nacional hacia el palacio presidencial de la Moneda. Marcharon por la principal arteria del centro gritando consignas en las que exigían justicia para los 12 "asesinados por la dictadura".Al llegar frente a la casa de gobierno desplegaron una pancarta que exigía el "fin de los crímenes y la represión". En la facultad de Economía de la universidad de Santiago, unos 100 estudiantes celebraron un velatorio simbólico.

Mientras se sucedían las reacciones por la matanza de los 12 jóvenes, Pinochet comunicó el rechazo a la petición de expulsión presentada por el Gobierno norteamericano de dos altos oficiales involucrados en el asesinato, en 1976, en Washington, del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier. Se trata del general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía secreta, que ahora tiene el nombre de Central Nacional de Informaciones, CNI), y su segundo, brigadier Pedro Espinosa.

El embajador norteamericano en Chile, Harry Barnes, se mostró decepcionado, y puntualizó: "Es un crimen que se cometió en las calles de nuestra capital a sangre fría", y hay personas que están ahora en Chile y que son perseguidas por la justicia norteamericana. El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Robert Gelbard, dijo que la negativa chilena lleva a un punto crítico las relaciones entre ambos países. Las medidas que pueda adoptar EE UU pueden amenazar la candidatura de Pinochet a continuar en la presidencia en 1989.

Está pendiente la petición de otras extradiciones que afectarían a importantes figuras de la jerarquía castrense, comenzando por la del general Héctor Orozco. En las declaraciones que formuló el ex oficial Armando Fernández Larios a la justicia norteamericana cuando se entregó a ella le señalaba como uno de los principales responsables en el encubrimiento del asesinato. Orozco era el fiscal militar que investigaba la falsificación de los pasaportes con los que_intentaron entrar en Estados Unidos Fernández Larios y Michael Townley, uno de los autores materiales del crimen.