El CDS, árbitro de la situación

GONZALO RODRÍGUEZ El Centro Democrático y Social (CDS) se convierte en Castilla y León en el árbitro de la situación parlamentaria dada la igualdad de fuerzas entre conservadores y socialistas. Alianza Popular (AP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han obtenido 32 escaños cada uno, el Centro Democrático y Social (CDS) 18, Partido Demócrata Popular (PDP) y Solución Independiente (SI) uno cada uno. AP se beneficia del apoyo de este último procurador presentado en Burgos por la lista SI, cercana a los conservadores de AP y que ha anunciado su apoyo parlamentario al candidato conservador para formar Gobierno.

Mientras tanto, Carlos Sánchez Reyes, candidato centrista ha repetido insistentemente que el CDS no pactará con nadie a no ser en el caso extremo de "necesidad imperiosa de garantizar la gobernabilidad de las instituciones". Sánchez Reyes parece inclinarse por mantener una oposición activa que en el fondo le otorgaría el poder de decisión parlamentaria y dejar que gobierno quién consiga la mayoría relativa: AP en este caso. Pero las diferencias son tan mínimas que si no hay un pacto que garantice la mayoría absoluta -y ésta sólo la pueden otorgar los centristas- el nuevo Gobierno regional estará en una permanente cuerda floja. De ahí que los socialistas insinúen que tarde o temprano el CDS llegará a pactos explícitos o tácitos con los conservadores. Otras posibilidades de acuerdo no se contemplan por el momento.

José María Aznar, el candidato aliancista, se ha declarado vencedor en los comicios y dispuesto a formar gobierno. Cuenta con sus 32 procuradores más el de solución independiente y quizá el único conseguido por el PDP en la provincia de Segovia, que durante la campaña electoral se mostró partidario de "acuerdos con fuerzas afines" en caso necesario. Una justada mayoría minoritaria.

Juan José Laborda, el candidato socialista, ha reconocido la pérdida de voto sufrida por el PSOE y ha anunciado que "tanto desde el Gobierno como desde la oposición mantendremos una política responsable en favor de la comunidad autónoma", cuya cohesión los socialistas consideran amenazada, en una región con fuertes tensiones centrífugas, por el proyecto de AP de transferir amplias competencias a las diputaciones.