La rebelión de los detectives privados

Son unos 200 investigadores privados españoles los que esta primavera han decidido abandonar sombras y penumbras y presentarse ante la opinión pública para exponer sus reivindicaciones profesionales. Amenazan con contratar a Jon Manteca si Interior no accede a lo que ellos consideran sus derechos, porque, según dicen, "ya estamos hartos de esperar". Quieren castigar el intrusismo, conseguir crear un colegio de detectives y que se les permita intervenir en delitos públicos cuando lo solicite una parte legítima. Y sobre todo luchar contra su bestia negra, las grandes compañías de seguridad.

La razón por la que están negándose a que Interior investigue sus expedientes es porque ahora acceden a la profesión mediante una carrera universitaria de grado medio en los institutos universitarios de Criminología. "Ahora nos ganamos el título y no necesitamos la supervisión de nadie; no como antes, que era el Ministerio de la Gobernación quien concedía las licencias de detectives", explica Agustín Cerezo Garrido, el presidente de la Asociación Profesional Nacional de Detectives Privados. Esta organización abarca, según asegura Cerezo, al 90% de los 300 titulados de la profesión. Además de estos se estima que otros 2.500 personas ejercen en España esta profesión que se rige por una disposición de 1981.Cerezo, que tiene dos hijos -detectives como él- y lleva 44 años en el ejercicio de la profesión sin haber utilizado el arma, argumenta que si Interior investiga sus archivos los clientes pueden demandarle por faltar al secreto profesional. Estos profesionales se quejan de tener que entregar su averiguaciones a la policía cuando las pistas que tienen les conducen a posibles delitos.

A pesar de que Cerezo afirma que sus relaciones con la policía son normales, y que los que ponen dificultades son los cargos políticos, en la pared de su sala de espera de su oficina brilla una placa de una comisaría de Madrid en la que se lee su nombre y un significativo "con cariño". Cerezo se excusa sonriendo: "Es que estando en la calle tantas horas ves y oyes muchas cosas".

La asociación acusa a las compañías de seguridad privadas de piratearles clientes: "Estas macrocompañías ofrecen guardias jurados como escoltas, incurriendo en la ilegalidad porque este tipo de profesionales no puede ejercer sin uniforme ni fuera del recinto de la empresa que les contrata; en realidad, ese trabajo es el que en todos los países realiza gente como nosotros", denuncia el presidente de la Asociación de Detectives mientras recuerda que un ex ministro de UCD participa de los beneficios de una de las empresas más prósperas de este sector.

Por si fuera poco, también arremeten contra la Audiencia Territorial de Madrid, a quien acusan de haber extraviado un expediente de 1981 contra tres "detectives intrusos".

Segunda generación

Los hijos de Cerezo han diversificado las tareas del viejo despacho, y, además de investigar,dan clases de "conducción rápida y evasiva". A diferencia de su padre, ex miembro de la División Azul de quien dicen que es el fiel retrato del detective televisivo Cannon, no se asemejan a los investigadores a los que nos ha acostumbrado las series norteamericanas. Según explica Agustín Cerezo, hijo, con la democracia, han perdido como clientes a los esposos celosos, que sedientos de obtener pruebas del adulterio flagrante contrataban sus servicios. El abandono de la persecución del cónyuge se debe, según este especialista del seguimiento, a la ley del divorcio, y sobre todo a la despenalización del adulterio.Pero los nuevos tiempos también han traído un nuevo tipo de clientes: las madres y padres separados a quienes su cónyuge les ha usurpado el hijo, y otro tipo de progenitores que solicita informes sobre la conducta tóxicomana de su vástago y desean ver por escrito si se droga, dónde, y con qué.

Sus trabajos de investigación, por los que cobran entre 2.500 y 5.000 pesetas a la hora, también abarcan el contraespionaje industrial y la comprobación de lo que llaman "bajas fingidas".

La minuta asciende de 20.000 a 30.000 pesetas para quienes solicitan que un detective les saque de dudas sobre escuchas en su teléfono o la existencia de micrófonos ocultos en su casa o en su despacho.