El Gobierno venezolano ratifica el acuerdo para refinanciar la deuda externa
En medio de la mayor oposición política al pago de la deuda externa, el ministro de Hacienda venezolano, Manuel Azpurúa, ha anunciado la intención del Gobierno de Venezuela de ratificar los contratos de refinanciación acordados en febrero pasado con la banca internacional. Por primera vez ha surgido una coincidencia entre sectores representativos sobre la necesidad de diferir los pagos de la deuda, declarar una moratoria unilateral o revisar nuevamente los términos de refinanciación bajo el argumento de que Venezuela carece de recursos para cumplir los compromisos externos de este año.
Los economistas y políticos de la oposición, incluso los líderes del partido gobernante, la Confede ración de Trabajadores de Venezuela, la cúpula empresarial y la Iglesia han planteado posponer y limitar los pagos en vista de las serias dificultades económicas y financieras actuales. Y, sin embargo, el ministro de Hacienda Manuel Aizpurúa, insiste tercamente en ratificar los acuerdo con los acreedores, justificando su posición sobre la posibilidad de conseguir nuevos créditos externos. De Japón regresó, no obstante, con las manos vacías, sin ninguna financiación materializada y sin perspectivas concretas de que otros países lo otorguen.La polémica radica en la disyuntiva de pagar la deuda o cubrir las necesidades internas de crecimiento y desarrollo, porque ambas cosas al mismo tiempo parecen difíciles de hacer. De ahí que los dirigentes políticos nacionales se opongan al sacrificio del país. El panorama de ingresos y egresos de divisas para este año no es nada halagüeño. Venezuela obtendrá alrededor de 10.500 millones de dólares por sus exportaciones globales, de los cuales deberá destinar casi 5.000 millones para cancelar el servicio de la deuda pública y privada, y 8.000 millones para las importaciones.
De esta manera tendrá un déficit de 2.500 millones de dólares en su balanza de pagos en 1987. A esto se suma el agotamiento que están sufriendo las reservas operativas internacional del Banco Central de Venezuela, que para finales de septiembre descenderán a 2.000 millones, lo cual es el nivel crítico para dejar de cumplir la refinanciación.
Renuncia
Los economistas moderados alegan que no se puede suspender el pago de la deuda porque en la primera firma de la reestructuración, en febrero de 1986, la República renunció a la soberanía de sus activos en el extranjero. Esto supone que, en caso de incumplimiento unilateral, los banqueros internacionales pueden embargar los bienes, por ejemplo las refinerías de la industria petrolera nacional en el exterior.
Pese al impedimento jurídico, los líderes del partido oficialista exhortan al Gobierno para que invoque nuevamente la cláusula de contingencia (revisar los términos de refinanciación) si no llegan los créditos externos prometidos. Y como hay dudas sobre los otorgamientos de la banca, se comenta que al final el Gobierno recurrirá al auxilio del Fondo Monetario Internacional para aliviar el déficit que se presentará en su balanza de pagos.
El debate de la deuda se está acentuando en el plano interno. Ante el empeoramiento de la situación, hay un consenso nacional acerca de la urgencia de que el Gobierno cambie el rumbo de la política económica. Las recientes medidas de compensación salarial, congelamiento de precios e inmovilidad laboral, vigentes desde el primero de mayo, han desatado la inflación y la especulación. El Gobierno todavía no ha determinado cuándo ni cómo pagará el bono salarial compensatorio a los 800.000 funcionarios de la Administración.
