La autentica realidad de la presión fiscal

Como cada año antes de la campaña del impuesto sobre la renta, el señor Borrell ha reiniciado sus tradicionales ataques al empresariado, acompañados de alardes respecto a la cantidad de información de que dispone, y amenazas a distintas categorías de contribuyentes. Suele secundar su campaña particular con recordatorios de lo reducida que es la presión fiscal.Este año sus planteamientos han encontrado réplicas oportunas y atinadas, tanto del presidente de la CEOE, José María Cuevas, como desde otras tribunas. No obstante, sigue siendo conveniente hacer algunas precisiones adicionales que pongan en su sitio el verdadero coste del sector público español.

La carga fiscal tiene tres componentes. El primero, más visible y cuantificado en dinero, viene dado por los pagos que se realizan en concepto de impuestos y cargas sociales. En cuanto a esto, la cuantificación es relativamente precisa y viene a representar un tercio del producto nacional.

Las empresas pagan los impuestos directos de sus trabajadores, retienen rentas de capital, pagan impuestos de sociedades e impuestos especiales. Asimismo, atienden las cotizaciones a la Seguridad Social y la tributación municipal y autonómica a que están sujetas. Normalmente se hace referencia a este tipo de coste cuando se alude a la presión fiscal soportada, pero no es el único. A título de ejemplo, en 1986 los ingresos fiscales han subido un 27%. El segundo concepto de coste de la fiscalidad viene dado por los gastos de administración; esto es, la atención a cumplimentar formularios, aplicar las leyes, realizar pagos en días específicos, hacer retenciones e ingresarlas, etcétera.

Junto a esto, el coste impuesto por la regulación en general, normas de obligado cumplimiento y reglamentos que comporten una dedicación y esfuerzo en términos del valor del tiempo dedicado a su aprendizaje y cumplimiento. Si se repara en el hecho de que el número de páginas del BOE sube cada año, es fácil hacerse cargo de las complicaciones derivadas de esta obligación, que, muchas veces, no sirve al interés general, ni al de la empresa, por supuesto.

'Presión indirecta'

Como curiosidad merece la pena reparar en que el número de páginas del BOE, que en el año 1972 era de 23.327, Regó a 40.920 el año 1985, y a 42.560 el año 1986, a las que hay que añadir la regulación autonómica (4.376 páginas de Diari Oficial de la Generalitat en 1986) y la derivada de la Comunidad Económica Europea. Ésta es la presión fiscal indirecta.

La tercera fuente de carga originada por la Adminsitración y de naturaleza asimilable a la fiscalidad viene dada por los costes inducidos derivados de la actividad pública. Por ejemplo, el hecho de que el Estado se financie recurriendo al Banco de España, en lugar de emitir deuda, abarata su coste de obtención de recursos, pero comporta la restricción del crecimiento del crédito al sector privado, con el consiguiente encarecimiento del dinero.

Si el sector público recurriera a la emisión de deuda en condiciones de mercado, podría presionar igualmente al alza sobre el coste del dinero, al reducir el volumen de recursos a disposición de los inversores privados; con lo que igualmente el coste financiero de las empresas sube, estrechando su margen de explotación y dificultando su supervivencia.

Los tres conceptos de coste deben valorarse simultáneamente, ya que en ocasiones el Gobierno requiere de los particulares un pago en efectivo y otras en especie -en forma de trabajo que deberían realizar sus funcionarios y que traslada al sector privado-. Tanta carga supone un aspecto como el otro, y tan necesario le es al Gobierno el ingreso monetario como la prestación en especie.

El señor Borrell, con motivo de sus últimas declaraciones en el seminario sobre la declaración de la renta, el 12 de mayo, en Sitges, reconocía que el reintegro de las cantidades que los ayuntamientos debían devolver por recargos indebidos se harían a través de entidades privadas, ya que el Gobierno carece de los medios para hacerlo directamente.

De idéntica manera, el Gobierno tampoco puede recaudar las retenciones que hacen las empresas y que, de no realizarse, podrían suponer no sólo un mayor coste de administración para el sector público, sino también el riesgo de que no se recaude la misma cifra, pues normalmente el volumen de ocultación fiscal está relacionado con las posibilidades de ocultación del contribuyente, que serían infinitamente mayores si parte de la función recaudadora de la Administración no le fuera hecha, a título gratuito por otro lado, por las empresas privadas.

Las dimensiones de estos tres aspectos de la fiscalidad son más amplias de lo que puede creerse, ya que, por ejemplo, en el tercer aspecto -el menos visible- hay que añadir la competencia que la empresa pública hace a la privada, gracias a su posibilidad de obtener financiación más barata, sin exigencia de garantías y con la posibilidad de fijar precios inferiores a los del sector privado, pues están en condiciones de soportar cuantiosas pérdidas, que serán cubiertas en virtud de subvenciones del sector público.

Eficacia administrativa

El segundo de los aspectos mencionados no es tampoco despreciable. Analistas fíanceses calculan que la carga administrativa derivada de las obligaciones fiscales de los contribuyentes asciende al 5%-10% de su deuda fiscal. A su vez, la pérdida de eficiencia de la economía, debida a la regulación que sufre, viene estimada por autores americanos entre 17 y 56 centavos por dólar de ingreso tributario. No son, pues, aspectos irrelevantes que pueden dejarse de lado a la hora de cuantificar la aportación hecha por el empresario a la obtención de recursos por la Administración. Un aumento en la eficiencia de la Administración iría, probablemente, acompañado de un menor peso muerto, generado por estos costes, que gravan a la empresa-contribuyente sin aportar ingresos al tesoro.

De la misma manera, una mayor eficiencia por parte de la Administración iría acompañada de prácticas menos agresivas para con el contribuyente, evitaría el recurso a amenazas, a descalificaciones globales, y reduciría el negativo efecto que supone para el nivel de actividad y empleo el hecho de que el inversor potencial, en lugar de verse arropado y acompañado por el sector público, se sienta perseguido.

Las afirmaciones del señor Borrefl sólo pueden explicarse por su campaña de cada mes de mayo: los peinados fiscales, la remisión de expedientes a los tribunales coincidiendo con nuevos períodos de presentación de declaraciones, etcétera. Es explicable el defensismo ante una situación poco favorable.

Mientras la política monetaria está gravando duramente a las empresas y se está en plena campaña electoral para la elección de cargos municipales, al Parlamento Europeo y a algunas comunidades autónomas, la economía española pierde mercados nacionales y genera una abultado déficit en su balanza comercial, que contribuye a agravar las expectativas empresariales en medida no menor que la conflictividad laboral que el Gobierno padece en las empresas públicas, donde la falta de servicio al ciudadano debería hacer pensar a los altos funcionarios que, si se tiene el techo de cristal, es preferible no lanzar piedras al aire.

No parece ser, pues, el momento más idóneo para tan injustificables alegatos antiempresariales.