Razones de la neutralidad irlandesa
Los complejos orígenes de la neutralidad irlandesa tienen sus' raíces en la historia de la evolución del nuevo Estado irlandés, que se estableció en 1922, tras la firma del Tratado Anglo-Irlandés de 1921. Aun después de alcanzar la independencia el nuevo Estado y otros miembros de, la Commonwealth británica en 1931, permaneció la duda en la mente de muchos sobre si se podía no ser neutral en una guerra en la que tomara parte el Reino Unido. El hecho de que esto representara un tema de debate para algunos confirió especial importancia simbólica a la neutralidad durante los años treinta. La neutralidad, junto con el tema del papel de la Corona en la Constitución irlandesa, que se resolvería finalmente con la proclamación de la República en 1949, se convirtieron para muchos en una prueba de independencia.Sin embargo, existió otro motivo práctico para la neutralidad. Al margen de que Irlanda, al igual que muchos otros países que podían eventualmente estar involucrados en la Segunda Guerra Mundial, prefiriese permanecer neutral salvo en caso de ataque por parte de uno de los contendientes. Este motivo, inherente a Irlanda, no era otro sino que el país había estado inmerso tan sólo 16 años antes en una guerra civil, que tras su final dejó como secuela la aparición del Ejército Republicano Irlandés (IRA), una organización clandestina revolucionaria que continuaba desafiando de una y otra manera la autoridad del Estado.
Un pueblo que ha vivido una guerra civil relativamente reciente -como pudo verse en España en las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial- se muestra reacio a iniciar o tolerar cualquier acción que conlleve el peligro de un nuevo conflicto civil. Así, en 1939, miembros de todos los partidos representativos en el Parlamento estaban de acuerdo en favorecer una política de neutralidad militar, aun cuando apoyaban firmemente al bando aliado, para evitar el desencadenamiento de un nuevo conflicto armado por parte del IRA con presumible apoyo alemán.
En la posguerra, el tema de la neutralidad surgió de nuevo con la formación de la Alianza del Atlántico Norte y el establecimiento de la OTAN, en 1949. A pesar del profundo sentimiento anticomunista del pueblo irlandés, que podría haber sido motivo, más que suficiente para unirse a la Alianza en aquella época, se decidió no pertenecer a la Alianza o a la OTAN, en parte por el éxito obtenido con la neutralidad durante la guerra y en parte por la personalidad del entonces ministro de Asuntos Exteriores.
El papel de McBride
Sean McBride, que fue ministro de Asuntos Exteriores de 1948 a 1951, había sido el jefe del Estado Mayor del IRA tan sólo 10 años antes e introdujo en la política constitucional una actitud muy negativa hacia el Reino Unido y un fuerte compromiso de lograr la reunificación de Irlanda y terminar con la partición que se había producido en 1929 antes de la creación del Estado irlandés. El ministro consiguió el apoyo del resto del Gobierno en este tema, mientras -como se ha sabido recientemente- proponía un pacto de defensa a Estados Unidos. Sin embargo, esta propuesta, que hubiera terminado con la neutralidad militar de Irlanda aun sin participar en una alianza integrada por el Reino Unido, no prosperó.
A lo largo de los 25 años siguientes, la neutralidad se convirtió en la ortodoxia aceptada por gran parte del pueblo irlandés y, tras la entrada tardía de Irlanda en la ONU, en 1955 -la URSS bloqueó su adhesión durante casi una década-, constituyó la piedra angular de la política exterior irlandesa.
Entre tanto, se había constituido la Comunidad Económica Europea, y para 1961, cuando el Reino Unido solicitó su adhesión, el desarrollo industrial irlandés había alcanzado un punto que, a juicio del Gobierno, permitiría a la industria ajustarse a las condiciones de libre mercado a lo largo de algunos años.
Aunque la primera solicitud irlandesa fue derrotada por el veto del general De Gaulle a la expansión de la Comunidad en 1963, la segunda, realizada una década más tarde, tuvo éxito y se sometió la entrada al Mercado Común al pueblo en un referéndum constitucional celebrado en mayo de 1972. En el debate sobre la adhesión, que acabaría por ser aprobada con un margen de cinco votos a uno, uno de los argumentos esgrimidos por los que se oponían a la entrada de Irlanda fue que pondría en peligro la neutralidad y, posiblemente, con el tiempo, la política exterior independiente seguida por el país.
Conscientes de los,recelos que despertaban estos argurnentos, los que propugnaban la adhesión, entre ellos el partido Fianna Fail, en el poder, y el Fine Gael, entonces el principal partido de la oposición, defendieron su postura principalmente con argumentos económicos. Así, se ,puntualizó que la Comunidad era algo bastante distinto de la Alianza Atlántica y de la OTAN. Mientras ambos partidos reconocían que, de convertirse la Comunidad en una confederación o federación totalmente integrada podría plantearse el tema de la defensa común, señalaban que esta posibilidad parecía bastante remota en un futuro cercano.
Cuando surgió la propuesta de modificar el Tratado de Roma, fijando como objetivos principales la creación de un mercado interno para 1992, la inclusión de medidas compensatorias en aras de la cohesión, así como la incorporación del proceso de cooperación política dentro del tratado, el Gobierno irlandés, entonces encabezado por mí, reaccionó positivamente. De hecho, me correspondió a mí, en calidad de presidente del Consejo Europeo durante la segunda mitad de 1984, nombrar, bajo la presidencia del ex ministro de Asuntos Exteriores y distinguido científico profesor James Doodge, al comité encargado de elaborar las propuestas para dicho nuevo tratado.
Una de las principales inquietudes de Irlanda durante este proceso fue la de asegurar la inclusión del principio de cohesión, o de solidaridad entre los Estados miembros de distinto nivel de prosperidad económica, en el Tratado de Roma, que en su versión original sólo incorporaba dicho concepto en el preámbulo.
Asimismo, nos aseguramos de que la labor de dotar al proceso de cooperación política de contenido institucional no comportase ningún peligro para la salvaguarda de la neutralidad militar irlandesa, que en ese momento gozaba del apoyo del 85% de la opinión pública.
El derecho del Gobierno irlandés a ratificar un Acta única Europea, que recoge la enmienda al Tratado de Roma y el concepto de cooperación política, fue impugnado en los tribunales por un ciudadano particular, lo que llevó a la Corte Suprema a declarar, por una mayoría de tres votos contra dos, constitucionales las enmiendas al Tratado de Roma e incostitucional el título III del Acta que se refiere al tema de la cooperación política.
Un principio general
Dicha decisión no estaba relacionada con la neutralidad, sino más bien con el principio general enunciado por el tribunal, según el cual el mero hecho de buscar un acuerdo con los demás núembros del tratado tendría implicaciones para la soberanía irlandesa. Como consecuencia, se inició la campaña para un referéndum destinado a declarar constitucíonal el Acta única, dejando de lado la cuestión de cómo podría afectar la decisión del Tribunal Supremo a otros tratados suscritos por Irlanda.
En dicha campaña varios grupos de izquierda han puesto el dedo en la llaga al sugerir que el Acta Única podría tener implicaciones para la neutralidad militar irlandesa, que cuenta con el apoyo de la población.
Y es dentro de este contexto que se está debatiendo la neutralidad durante la campaña para el referéndum, a pesar de que los términos del título III del Acta única, basada en un borrador franco-alemán que tuvo en cuenta las reservas irlandesas, limitan el proceso de coordinación a aspectos políticos y económicos.
