La raya final

TRAS EL reciente malestar insurreccional del Ejército argentino, la presentación del proyecto de ley llamado de la obediencia debida parece responder a una necesidad que tiene la nación latinoamericana para poner fin de una vez al más terrible, Problema heredado de los años de dictadura militar.En sustancia, el texto legal viene a exonerar de responsabilidad penal a aquellos oficiales y subalternos por debajo del grado de teniente coronel que estuvieran procesados por delitos cometidos durante la guerra sucia, salvo en determinados casos, en razón de que su comportamiento se habría visto amparado por el cumplimiento de las órdenes recibidas. De esta forma, el número de más de 400 jefes y oficiales procesados se reduciría a no más de una quinta parte de los mismos. Con ello, el poder público argentino habría optado por una línea media para hacer las cuentas con tan terrible pasado, enteramente comparable a como se han resuelto problemas semejantes en países europeos en época bien reciente, como sería, por ejemplo, el caso de Grecia ante la dictadura derroca da en 1974. Los más altos jefes responsables de la formulación deúna estrategia criminal para liquidar no sólo la guerrilla, sino cualqúiet disidencia -de los cuales una buena parte ha sufrido ya el peso de la justicia -seguirían haciendo frente a sus responsabilidades penales, pero el grueso del Ejército que sirvió como instrumento escaparía a una inquisición profunda de sus actos.

Al obrar así, el presidente Alfonsín es consciente de que deja dos importantes grupos de descontentos por las alas. De un lado, cabe poca duda de que la facción más cerril de la milicia encontrará insuficiente cualquier. solución que pretenda hacer justicia básica .de los bárbaros excesos de la dictadura, bien por un elemental reflejo corporativista y antidemocrático o peor aún, porque aquella guerra sucia lo fue santa para tantos y tantos oficiales. De otro, los sectores que más radicalmente han exigido que se hiciera justicia hasta el último culpable considerarán que la paz y la reconciliación nacionales han sido burladas con esa relativa lenidad con los procesados.

Pero, al mismo tiempo, el presidente radical apuesta a quelanto el grueso de la nación como el del Ejército entenderán que hay una línea bisectriz, única viable entre dos posiciones extremas, y que por ello apoyará el nuevo punto final.

Si bien parece que, en lo referente a la nación, los razonables cálculos de Alfonsín hacen honor a su admirable instinto político, es menos seguro que el Ejército acepte sin mayores morosidades la nueva situación. El discurso del almirante Ramón Arosa, primer alto representante de la inificia que de alguna manera ha respondido a la iniciativa política del Gobierno, sin ser inaceptable para el poder y la legalidad, apunta unas ambigüedades probablemente inevitables, pero también indeseables. Con todo, la apuesta de Alfonsín es, la de que con la ley de obediencia debida se inicia una nueva etapa en la que tanto la consolidación de la democracia como esta fórmula de liquidación penal de los excesos de la dictadura sean irreversibles.

Al margen de las asonadas militares de la pasada Semana Santa, el presidente Alfonsín tenía preparada ya una solución al problema de la comparecencia en justicia de los culpables de la guerra sucia en torno a las líneas, ahora conocidas. Creía entonces, igual que ahoia, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y que la reunificación de nación y Ejército es un objetivo igual de prioritario que el relanzamiento económico; más aún, un corolario de este último. Por ello, la personafidad del presidente radical se vio realzada por su actuación ante la algarada de algunos pretorianos y la obediencia menos que pasiva de gran parte de la oficialidad. La opinión pública supo entenderlo, y así respalda ahora el proyecto pacificador. El propio Ejército debe entenderlo también si quiere volver a mirar a la cara a la nación. Ése es el único camino.