El Gobierno autorizaba la quema de 10.000 toneladas de residuos tóxicos a 120 millas de la costa cantábrica

Gobierno español ha autorizado la quema de una cantidad prefijada de residimos tóxicos procedentes de la industria española (unas 10.000 toneladas) a bordo de barcos de la compañía holandesa Ocean Combustion Service (OCS), especializada en estas tareas, a 120 millas al norte de la costa situada entre Gijón (Asturias) y Santander, durante el período de un año. Hasta ahora los residuos eran enviados por carretera hasta el puerto de Rotterdam, y ahí la misma compañía se encargaba de incinerarlo en el mar del Norte, pero los países ribereños y aquellos por los que discurrían los camiones negaron el permiso, por lo que la Administración ha escogido esta zona del Cantábrico para deshacerse de los residuos.

La autorización ha partido de la Dirección General de la Marina Mercante española, con la aprobación de la Dirección General del Medio Ambiente. Juan Trigo del Río, subdirector de Seguridad Marítima y Contaminación, departamento que ha autorizado la operación, considera que "había que deshacerse de ellos. Hasta ahora se hacía por el método de la alcantarilla, el más dañino. El equipo que me precedió había dado largas al asunto y, curiosamente, los residuos seguían desapareciendo".Trigo añadió que de esta manera la eliminación de los residuos se efectúa de una manera controlada, en la que se cumplen a rajatabla los controles necesarios. "Por ejemplo explicó, "está prohibido totalmente hacerlo en la temporada de pesca del bonito, sólo se permite bajo determinadas condiciones meteorológicas y el buque debe estar siempre en movimiento para que se disperse el humo de la combustión".

Antonio Díaz Vargas, subdirector de Calidad Ambiental, que elaboró un informe no vinculante sobre el tema, considera que ésta es una práctica habitual en la mayoría de los países del mundo y que la incineración de residuos tóxicos se practica incluso en tierra. Díaz Vargas insiste en que hasta ahora la eliminación de estos productos estaba totalmente descontrolada y que de esta manera por lo menos se va a hacer con todos los controles y seguridad necesarios.

La llegada del buque Vulcanus II, perteneciente a la citada compañía holandesa OCS, a Santander para embarcar materiales tóxicos y proceder a su destrucción en alta mar, donde los quemará en varios hornos de que dispone en la cubierta no será inminente. Una empresa con capital cántabro, Terminales Químicos de Santander (Terquisa), asentada en el nuevo puerto Raos, al fondo de la bahía, mantiene relaciones con la compañía holandesa para llevar a cabo el almacenaje de los productos tóxicos, que han de ser destruidos 120 millas mar adentro.

Protestas

Portavoces de Terquisa informaron ya ayer a este periódico que de momento no tienen en depósito ningún producto procedente de desechos de fábricas asentadas en el país que han de ser embarcados aquí para su incineración en alta mar, pero confirmaron la existencia de negociaciones con la empresa OCS para llevar a cabo la operación. Se trata de una zona muy cercana a donde faena parte de la flota española con base en los puertos del Cantábrico y Galicia.Xavier Pastor, presidente dela asociación ecologista Greenpeace España, ha manifestado: "Es lamentable que el Gobierno español, que luchó junto a Greenpeace para impedir los vertidos radiactivos en la fosa atlántica, autorice ahora la contaminación de la atmósfera y el océano con peligrosos productos tóxicos en un lugar mucho más cercano a las costas españolas. La concesión del permiso al Vulcanus II representa un enfrentamiento decidido con los intereses del sector pesquero y el turístico, y un peligro para la salud pública".

Greenpeace asegura que la operación incluye el transporte hasta Santander desde distintos puntos del país de productos tan tóxicos como los compuestos organohalogenados y diversos biocidas, y que en la combustión de estas sustancias se puede producir dioxina, el veneno causante de la catástrofe de Seveso. Fuentes de la Administración han admitido que existe la posibilidad de que se produzca dioxina en la combustión, pero añaden que, en todo caso, sería en cantidades mínimas, que se disolverían inmediatamente en la atmósfera sin causar ningún peligro.

España enviaba anualmente 200 toneladas de residuos tóxicos al mar del Norte, pero los Gobiernos de los países escandinavos pretenden erradicar esta práctica antes de tres años. Greenpeace y los grupos ecologistas temen que la empresa OCS esté buscando nuevas áreas para llevar a cabo sus actividades: y consideran que la actitud del Gobierno español puede convertir el Cantábrico en el nuevo punto de incineración de residuos tóxicos de todo el mundo.